Ya tuve oportunidad la semana pasada de comentar la paliza política que recibieron el Pacto Histórico y el presidente Petro el 29 de octubre. De allí para acá, solo errores y provocaciones, como la publicación de un desconcertante mapa electoral en donde se muestra triunfador en buena parte del territorio nacional. 
A ello siguió, en la misma línea y con el mismo propósito, la invitación restringida a Palacio del grupo de gobernadores, según él, afectos al Gobierno. Grave error ir discriminando y graduando de enemigos a los mandatarios regionales. Los convocados, ni manera de excusarse, so pena de ser señalados como contradictores y no merecedores de recibir las dádivas del Gobierno central. Es la primera vez en mi vida pública que veo una acción de tal torpeza. Como si Petro solo fuera a gobernar con los departamentos y ciudades que se declaren copartidarios suyos. 
Para el alcalde de Bogotá, ni un saludo. Todo indica que la controversia sobre el metro persistirá. 
Y, tal como lo advertí, pasado el debate electoral, el Gobierno entró con toda a presionar la aprobación de sus impopulares reformas. Comenzando por la salud, tal vez la más polémica, intentó arrodillar al Congreso en sesión cuya grabación constituye prueba reina para iniciar acciones legales. Todo orquestado desde la Presidencia por el señor Calle, quien hace y deshace con violación del reglamento y al ritmo de su olfato político. En buena hora las fuerzas de la oposición a las que se han sumado quienes interpretan los resultados de las pasadas elecciones como un rechazo a las reformas, han impedido su trámite y aprobación. Quien sabe por cuánto tiempo resistirán el embate. 
Por el lado del orden público y la ‘paz total’ las cosas no podían ir peor. A la descomunal torpeza del secuestro del Mane Díaz, que recién terminó el jueves con el despeje de miles de kilómetros en La Guajira, se añadió el anuncio de suspensión de negociaciones por parte de las disidencias al mando de ‘Mordisco’. A todas estas, el país sigue preguntándose si aquí tenemos secuestrados de primera, de segunda y de quinta. Se habla de más de 40 personas en poder del Eln, al parecer 19 de ellas están confirmadas, pero a diferencia de Díaz, el Gobierno no hace ni dice nada. ¿Estarán de acuerdo con que esta práctica contraria al DIH se prolongue durante las negociaciones? ¿El Gobierno solo se molesta cuando hay repercusiones internacionales? Bueno que nos aclaren y que las ONG no guarden silencio cómplice. 
Y en el frente económico las cosas tampoco pintan bien. La inflación no cede como nos había anunciado el ministro Bonilla, y todo hace pensar que cerrará en dos dígitos a final de año. En consecuencia, creo pierde su tiempo el Gobierno exigiendo al banco central una baja de las tasas de interés. Prácticamente todos los sectores industriales, 34 de 39, muestran cifras de desaceleración o franca parálisis. La industria en su conjunto cae en 4 %. Asimismo, la vivienda cae un 31 %, y la de interés social, en un 49 %; obras iniciadas caen en 23 %, y obras civiles, en un 16 %; y el comercio, en más del 6 %; las ventas de vehículos, en más del 32 %; las exportaciones, en más del 15 %, y las importaciones, en más del 20%; la inversión extranjera cae en 5 %, y el consumo de los hogares, en más del 3 %. 
Se estima que la economía en su conjunto no crecerá más de un 1 % este año, si nos va bien. La generación de empleo, estancada. Quién duda que ello se debe al clima de incertidumbre y desconfianza que este gobierno ha creado con sus propuestas de reforma en sectores claves para nuestro desarrollo, y también a los permanentes anuncios de intervenciones que inmediatamente se traducen en decisiones empresariales. 
Hago este crudo pero real balance en lo político, el orden público y la economía para llamar la atención del Gobierno y del presidente Petro en la necesidad de no profundizar la crisis y atender el resultado de las elecciones recientes y, en consecuencia, abrir nuevos espacios de entendimiento y búsqueda de consensos con las fuerzas políticas, las regiones, los empresarios y en general toda la sociedad colombiana, que no desea seguir en esta confrontación auspiciada desde el Ejecutivo y que rechaza la práctica de comprar conciencias y voluntades para aprobar unas reformas que el país no desea por insostenibles e inconvenientes.