Oculta tras las intensas discusiones de las reformas de la salud, pensional, laboral, agraria y otras tantas, va caminando la ley estatutaria de educación. Ya entró a su tercer debate en Comisión Primera de Senado, lo cual resulta alarmante dados los importantes señalamientos y críticas que ha recibido de la academia y voces muy autorizadas del sector que piden una revisión a fondo del proyecto.
 Lo primero sea advertir que nadie se opone al derecho fundamental a la educación, reconocido por la propia Constitución nacional. Pero cosa muy distinta es la idea que propone el proyecto de marchitar la educación privada para consolidar la pública. En efecto, este proyecto concentra la financiación y los beneficios solo en la universidad pública, establece la gratuidad plena en las instituciones del Estado y se desentiende por completo de las instituciones privadas. Cae nuevamente en el error de impulsar la financiación a la oferta y no a la demanda. Yo me pregunto: ¿mientras se construye la capacidad en las instituciones estatales, si esto fuera posible, qué va a pasar con el millón de estudiantes, de los cuales el 70% pertenecen a estratos 1, 2 y 3, que hoy están matriculados en las instituciones no estatales? ¿Se van a quedar sin estudiar?
 No sobra recordar que una de las fortalezas de nuestro sistema educativo es ser de carácter mixto, lo cual ha permitido acceso, opciones diversas, alianzas y sinergias. Pero el proyecto parece desconocer la relevancia de las instituciones privadas de educación superior, que actualmente representan aproximadamente el 50% de las matrículas en el país. Además, ¿cómo van a alcanzar la meta de medio millón de nuevos cupos sin el concurso de las instituciones privadas?
 Establecer la democracia directa en la gobernanza de las universidades hará ingobernables estas instituciones y las hará presas de caudillismos y sesgos ideológicos. El modelo propuesto compromete la autonomía universitaria, al exigir la elección directa de los rectores. Con razón el profesor Moisés Wasserman ha señalado que resulta preocupante la tendencia a introducir prácticas de la política local en el ámbito universitario.
 Basta observar lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional, que no es otra cosa que una toma abusiva e ilegal por parte del Gobierno, que desconoce la autonomía y los reglamentos estatutarios para la elección del rector, y por vía de inspección y vigilancia, algo similar a los abusos cometidos por las superintendencias, pretende desconocer a quien fue elegido e imponer un rector petrista, en la esperanza de afiliar y politizar las bases estudiantiles, a quienes les han prometido precisamente elecciones directas. 
Ya se había advertido sobre la inconveniencia de que el Icetex quede limitado a la educación pública y a posgrados. El Gobierno tiene que aclarar su posición al respecto. Entre los aspectos más preocupantes se encuentra el de debilitar la calidad en aras de un malentendido aumento de cobertura. Por ello se esperaría que el proyecto desarrollara herramientas eficaces para monitorear y asegurar la calidad de la educación. Muy por el contrario, el proyecto no aborda las reformas necesarias en la carrera docente, su evaluación y el desarrollo profesional y sí introduce una nueva concepción de la evaluación, ineficaz por complaciente.
 Otra perla del proyecto es que se elimina el ingreso por méritos a la educación superior. La pregunta que surge, naturalmente, es si existirán todos los cupos para garantizar el acceso universal de todos los aspirantes. Y de la mano de esta pregunta, ¿cuánto va a costar esta reforma? ¿Se dispone de los recursos necesarios? Como ya es tradición con todos los proyectos de este Gobierno, no se tienen estudios de impacto fiscal. Este proyecto comprometería recursos adicionales de $41 billones al año. Por supuesto, estos recursos no están disponibles como lo ha indicado en reciente y oscura carta el Ministerio de Hacienda. Esta reforma, de ser aprobada, creará una expectativa que no se va a cumplir. Puro populismo, más engaños y frustración.