Para enfrentar la corrupción a gran escala que se hace con el concurso de un alto funcionario, no resulta suficiente una protesta social, porque dicho flagelo exige implementar reformas y acciones integrales y sistémicas, si queremos una lucha eficiente donde se le combata no como un simple delito penal sino como un sistema de acumulación de poder político y económico que se ha blindado con impunidad judicial garantizada al gozar de los beneficios de una justicia dilatoria para los corruptos y de un proceso penal deficiente con sanciones insuficientes.
Aunque lo anterior apunta a frenar la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, orientadas en detrimento del interés común, igualmente cuando la politización y el clientelismo hacen carrera también existen actos de corrupción menor a través de funcionarios públicos de bajo y mediano rango, consistentes en el abuso cotidiano de funciones mediante la extorsión, la falsificación, el tráfico de influencias y la falta de ética en beneficio personal, a expensas del bien común, cuando se perpetran hechos delictivos en complicidad con ciudadanos carentes de ética y moral.
Así entonces, si el enriquecimiento ilícito público y privado asociado a “mangualas” que se traducen en sobrecostos, sobornos, lavado de activos y más daños, hace de  la corrupción un delito contra el orden democrático y un mal que se enquista en nuestra cultura, ya que lo que está fallando son los valores humanos y el sentido de patria, entonces ameritarían acciones civiles y penales imprescriptibles del Estado con acciones de repetición que mantengan un horizonte temporal de por lo menos  tres lustros, para castigar ejemplarmente a empresarios y funcionarios que incurran en tales hechos de corrupción.
Ahora, si frente a la corrupción a gran escala las leyes han fracasado, para recuperar los bienes robados o adquiridos debería proceder el decomiso anticipado, y antes que pensar en aumentos de penas, que poco sirven, deberían operar los agravantes punitivos para estos delitos que hasta ahora podrían ser excarcelables, entonces: ya que la conducta en los altos niveles del poder por lo general se cometiere con el concurso de una o más personas, los agravantes deberán incluir el rol de los actores sean ellos altos ejecutivos del sector privado o funcionaros públicos del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Y aunque para el país el Índice de Percepción de la Corrupción según Transparencia Internacional se ha mantenido alrededor de 40 sobre 100, pese a que existen valiosas herramientas como el Estatuto Anticorrupción creado en 2011 y sus normas complementarias del Código Penal y del Código Disciplinario, la Política Pública Integral Anticorrupción, Colombia Compra Eficiente para la contratación pública, la Ley de Transparencia de 2014 para el acceso a la información pública, y las declaraciones de renta a la vista, los hechos notables no se detienen. Interbolsa y el Fondo Premium 2016, Caso Odebrecht 2010-2017, Reficar 2016, Saludcoop 2018, Centros Poblados 2021, Las Marionetas 2022, entre otros que se anuncian.
Se propone entonces, además de la acción ciudadana y de fortalecer la investigación y las técnicas de indagación, reforzar y alinear los órganos de control y el aparato de justicia, ponerle límites al abuso en el sector público de la contratación, garantizar la transparencia financiera de las campañas políticas en ingresos y gastos, crear un estatuto de protección para el denunciante de buena fe, establecer un régimen sancionador que penalice los incumplimientos en transparencia y buen gobierno, fortalecer la independencia política y los mecanismos de sanción de magistrados, y fortalecer la educación con formación integral en valores.
Finalmente, si los factores estructurales asociados a nuestra vulnerabilidad son altos, por problemas de cohesión social, precarización de la economía e informalidad, falencias del modelo educativo, inequidad y desempleo, inseguridad y violencia, y falta de legitimidad del Estado, y si el actual régimen de sanciones resulta incoherente frente al gran daño social y económico de la corrupción, entonces para mitigar el impacto de este flagelo: ¿por qué no actuar sobre la causa primera de la corrupción mediante una reforma del sistema procesal penal para el problema a gran escala y las veedurías ciudadanas, e intensificar la cultura de la legalidad en la escuela y mediante campañas cívicas para los asuntos cotidianos?