La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia, entidad creada en noviembre 3 de 2011 a través del Decreto 4147 de 2011, que le establece su objeto con una estructura adecuada para coordinar todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por la corrupción con las coimas de 2023 ha perdido su norte, afectando con ello el liderazgo necesario para el fortalecimiento de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general que convergen en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).
Como referente, hace medio siglo para atender emergencias no existía la prevención de desastres y la capacidad de respuesta estaba fragmentada, aunque tras el terremoto de Popayán (1983) se había creado el SNGRD, sólo a raíz del desastre de Armero por la erupción del Ruiz (1985), con la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989 se institucionaliza el Sistema, aunque tras el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 1998, tardíamente se formuló la Política Nacional de Gestión del Riesgo gracias a la Ley 1523 de 2012, previendo la repetición de eventos como el desastre de Gramalote causado por La Niña 2010-2011.
Habrá que añadir que, inicialmente el SNGRD sólo atendía “la fase de emergencia” y operaba sin recursos adecuados ni estructura propia, y luego con el terremoto del Quindío (1999) consolida la fase de reconstrucción poniéndose en evidencia la importancia de ocuparse de “el después”. Fue sólo con La Niña 2010-2011 que el SNGRD incorpora a la gestión de los desastres “el antes” -o fase preventiva-, con lo cual la institucionalidad toma forma al expedirse la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) 1454 de 2011, en la cual el factor del riesgo por desastres naturales entra a la planificación.
Pero este desarrollo se ha venido al piso con el escándalo que salpica a altos funcionarios y ministros, quedando en entredicho no solo los 26 contratos del año 2023 que precedieron la compra de los carrotanques en la UNGRD, en los que los más de $340.000 millones con destino a La Guajira, Antioquia y Santander principalmente, pasaron por la Fiduprevisora como entidad creada hace 30 años para administrar los recursos asignados a desastres, sino que estamos viendo el tamaño, el entramado y el modus operandi de la corrupción, después de haber comprometido $600 mil millones en contratos irregulares.
Y en cuanto al impacto, además de haber comprometido con el escándalo de la UNGRD la imagen de Colombia, como país a la vanguardia en la gestión de los desastres naturales, y de amenazar las negociaciones de paz con el Eln, también el panorama resulta ahora oscuro para el SNGRD, dado que un recorte del 90% del presupuesto en la UNGRD que suele llegar a $0.6 billones, diezma la capacidad de todo el sistema para enfrentar La Niña, que según la propia entidad le podría ocasionar pérdidas al país superiores a los $20 billones.