Colombia un país en vías de desarrollo e históricamente agrario, donde los campesinos representan el 43,6% de la población no solo depende en gran parte de la producción agrícola en un modelo de economía de subsistencia, sino que los terratenientes acumulan capital con la explotación de campesinos dada la concentración de la tierra con un Gini del 0,85 al 2009, quedando así vulnerados sus derechos al convertirse en arrendatarios, aparceros y peones, cuando no en desempleados y desplazados. Si las movilizaciones agrarias de la década de 1920 a nivel global, se debieron a elevados niveles de pobreza, desigualdad social y precarias condiciones de vida rural que llevaron a los campesinos a exigir derechos para dejar de ser fuerza de trabajo cautiva y tener tierra, también en Colombia empezaron a organizarse creando el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario.
Llega entonces la violencia bipartidista (1948-1963), provocando grandes migraciones y generándose una política innominada de expropiación sistemática, lo que consolida el modelo agroindustrial cuando se abogó por eliminar programas sociales y tarifas de protección, y por reducción de salarios y mayores restricciones a la organización de trabajadores agrarios. No obstante, el campesinado sorteó estas condiciones de desigualdad, fortaleciendo las organizaciones gremiales. Pero dicha violencia como antecedente y causa directa genera el Conflicto Armado Interno de Colombia desde 1960, como una guerra asimétrica y de baja intensidad que se extiende hasta la actualidad en tres etapas, con retos propios en cada una, así: la inicial que comprende el surgimiento de organizaciones armadas, la intermedia donde se dan los diálogos de paz para la resolución del conflicto, y la del posconflicto donde se busca la justicia transicional.
Además, en la lucha de los campesinos en este país pluriétnico y multicultural, inicia a fondo el debate sobre el sector agrícola cuando Launchlin Currie (1949), señala que la mala utilización de las mejores tierras era antieconómica e inferior al óptimo, al interpretar la desproporción entre el número de habitantes de las áreas rurales y su productividad, como uno de los problemas centrales de la economía colombiana. Si en el periodo del Frente Nacional nace ANUC (1967) como una iniciativa para lograr una reforma agraria que cambiara la distribución de la propiedad e implementara un modelo económico, social y político, con una dinámica de poder que marcaba independencia de los partidos políticos tradicionales, sólo en 1977 el movimiento campesino al igual que los demás sectores sociales se sintió fortalecido por la magnitud del primer Paro Cívico Nacional al consolidar su nivel de organización.
Si hacia 1968 en Colombia se expiden leyes conservadoras o de índole marginal, las que fueron sustituidas por una legislación más radical que las convierte en reformas «convencionales», «consensuadas» o de «cambios parciales», entre 1962 y 1999 el INCORA les asigna a las comunidades indígenas 30,45 millones de Ha de las zonas de reserva, aunque las leyes de reforma agraria originales posteriormente fueron objeto de modificaciones de liberalización sustanciales. Y si en 1984 se impulsó la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, también la Constitución de 1991 abrió la puerta para un nuevo proyecto de ley de reforma agraria que imponía un nuevo esquema de reforma a través del mercado, y después de 1995 la organización Unidad Cafetera se unió con otros gremios de minifundistas, pequeños y medianos empresarios del agro, e igualmente en 1999 se fundó el Consejo Nacional Campesino. En 2003 el Congreso Nacional Agrario trabajó en temas como el derecho a la tierra, la economía agropecuaria y agroalimentaria, la sostenibilidad ambiental, la política concertada para cultivos ilegales, los derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes como entes de derecho diferentes, el reconocimiento político al campesino y a la campesina, el derecho a la territorialidad y el fin del desplazamiento forzado. Finalmente, mientras la sociedad moderna define la tierra como un bien cultural de beneficio común y no una mercancía objeto de mercado, la revolución agrícola que se propone no es solo distribución de tierras, sino también establecimiento de un sistema de valores que garantice el proceso productivo con acceso a factores de producción y control del comercio, y prácticas de gobernanza crédito y seguro agrícola.