Economía y pobreza, corrupción y secuestros, migraciones y protestas sociales, y cambio climático y sustentabilidad urbana, son los temas que abrigan los retos para el nuevo año en este país, donde más de 50 millones de personas ocupamos territorios social y espacialmente fragmentados, y la marcada desigualdad se acentúa por brechas regionales como la de infraestructura por gasto público insuficiente e ineficiente, escasa inversión pública y limitaciones fiscales. Veamos entonces el entorno social, político, económico y ambiental de Colombia, para precisar los principales retos al 2030.
En lo social, para la Defensoría del Pueblo en 2023 los conflictos de mayor relevancia y en su orden fueron: los relacionados con el derecho a la educación, con la inversión o presencia estatal, con el sector transporte, con el derecho a la vida, las problemáticas laborales y seguridad, y las falencias en servicios públicos domiciliarios. Igualmente, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su inconformidad fueron: bloqueos de ruta, plantones o marchas o movilizaciones, toma de instalaciones, y paros cívicos o cese de actividades.
Y en cuanto a la Paz, pese al acuerdo entre las FARC y el gobierno para ponerle fin a un conflicto de cinco décadas, lo que trajo una reducción inicial de la violencia en 2016, actualmente vemos que las acciones de grupos armados ilegales no solo continúan, sino que ha adoptado nuevas formas; y que también persisten los abusos cometidos por la fuerza pública. Las víctimas del conflicto, son activistas, desmovilizados de las FARC, defensores de derechos humanos y líderes indígenas o afrodescendientes, que han sufrido incluso la muerte.
En lo ambiental, aunque las tres principales problemáticas que afectan a nivel local a la población son la contaminación del agua y del aire y el mal manejo de residuos sólidos, también existen grandes pasivos ambientales por la ocupación urbana no planificada relacionada con el desplazamiento forzado de colombianos que, sin tierra y empujados por la pobreza o por ser damnificados por desastres naturales o como víctimas del conflicto armado, conforman cinturones de miseria en los medios urbanos.
Desde lo socioeconómico, además de prevalecer una informalidad que supera el 60%, el reto pasa por financiar el gasto público controlando la inflación para poder cerrar las grandes brechas regionales del desarrollo, ya que si bien las pasadas elecciones regionales parecieran haber aplacado los movimientos sociales en un país cada día más polarizado, en los sondeos de opinión el 80% de los colombianos expresa que la corrupción sigue siendo el agujero negro del país, razón por la cual existe un consenso sobre la necesidad de restablecer la confianza institucional y el funcionamiento de la democracia.
Si bien la crisis por la pandemia desató las movilizaciones para expresar descontentos e insatisfacciones sociales especialmente en los medios urbanos, entre ellos la precariedad en la educación pública y la situación de la mujer, también desnudó las desigualdades en la distribución del ingreso -ya que entre el 12 y 13% de toda la riqueza creada se distribuye en el 90% de la población-, y al aumento de la pobreza como consecuencia de la inequidad, subempleo y precarización laboral, pese a que el nuestro es un Estado Social de Derecho.
Además, a estos indicadores se suman la inequidad estructural en campos y ciudades, y los bajos ingresos, el subempleo y la precarización laboral que llevan al aumento de la pobreza y la pobreza extrema, y las grandes brechas estructurales que resolver entre las regiones, como la de los departamentos de Amazonas, Vichada y Chocó, donde la riqueza natural contrasta con el de su precaria participación en el PIB nacional y su elevado nivel de NBI y de pobreza monetaria extrema, afectado de forma grave los derechos de los grupos étnicos.
A pesar de todo, empleando a fondo nuestras competencias y conocimientos si nos prendemos de la ética cívica y nos ponemos al servicio de la sociedad con el objetivo de ser luz y esperanza en estos momentos delicados y difíciles que exigen frenar la violencia y construir la paz, podremos mirar el futuro con optimismo con el compromiso de superar los grandes escollos socioambientales y económicos señalados, construyendo en el mediano plazo un país sostenible y una sociedad más justa e incluyente.