La transición ecológica como proceso de transformación social y cultural, cuyo objeto le apunte a un modelo de desarrollo en armonía con el planeta, debe incluir estrategias de adaptación al cambio climático, ajustes estructurales en los sistemas de producción y consumo, y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Para ello, resulta clave la cultura de la preservación de los servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana y la biodiversidad.

Durante las próximas décadas mientras el cambio global se acelera y las contradicciones se profundizan, el desenlace de los conflictos sociales y del medio ambiente parece incierto ya que, al examinar las tendencias actuales, el desarrollo global puede bifurcarse para tomar el lado oscuro de un futuro funesto de pueblos, culturas y naturaleza empobrecidos, una terrible posibilidad que parece la más probable; o marchar para anticipar, elegir y actuar con una transición hacia un futuro más humano y con un planeta sano que, aunque parezca poco probable, es posible.

Al celebrarse en septiembre la Cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el tema central fue ¿cómo abordar una transición ecológica y justa en el marco de la crisis climática, máxime cuando estamos justo a tiempo para mitigar el “infierno” climático? Lo anterior se priorizó, tras considerar que dicha problemática convertida ahora en la mayor amenaza para la salud pública, exige una coalición global de estados, empresas y sociedad civil para actuar con los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS en el punto de mira, según la ONU.

Así entonces, las apuestas tecnológicas y de planificación para afrontar el reto climático, en el marco de una transición ecológica, son tan imprescindibles y urgentes como necesarias. Para 2050 cuando el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, los temas claves pasan por el agua que, además de ser es un bien patrimonial preciado, puede convertirse en amenaza por el creciente cambio climático que favorecerá recurrentes fenómenos extremos, razón por la cual habrá que adaptar el hábitat humano al agua y al clima, mediante infraestructuras ecológicas robustas.

Por lo tanto, para la transición ecológica el paso a dar para no depender de unos pocos sectores y apalancar el desarrollo sustentable, resulta crucial en países emergentes o en desarrollo –es el caso de Colombia donde un 50 % de las exportaciones se basan en productos como el petróleo y el carbón-. Allí, los gobiernos, deberán hacer una planeación más eficiente, además de medir los impactos y aprovechar sus ventajas en determinados sectores, e identificar mejor sus debilidades, fortalezas y oportunidades de desarrollo.

Ahora, sí a nivel nacional lo anterior obliga a considerar la dimensión financiera en la planeación ecológica, para que cada país pueda llevar a cabo las acciones prioritarias en un plazo compatible con los objetivos del Acuerdo de París, entonces la COP 28 en Dubái, ya contempla dos temas fundamentales: 1- el aumento masivo de la demanda de tecnologías de energías renovables y de materiales o insumos críticos; y 2-  la intensificación de los esfuerzos de inversión y producción en tecnologías limpias, para la puesta en marcha de la transición energética.

Pero igualmente, de no ser viable una “transición acelerada” y en línea con los objetivos del Acuerdo de París para 2030, el otro escenario para una “transición retrasada” que tendría comienzo en 2026, pero a un ritmo que no permite llegar a los objetivos señalados para el 2030, hará que el esfuerzo requerido por precipitarse en el segundo escenario para poder cerrar la brecha en una fase tardía, colocaría a las empresas en una posición de mayor riesgo, y con ellas al sistema bancario que financie el plan.

Finalmente, si una transición más rápida hacia una economía de “cero neto” implica alcanzar el balance de las emisiones netas en línea con los objetivos del Acuerdo de París; entonces, la disponibilidad y suministro de minerales críticos -como litio, tierras raras y grafito, entre otros-, se constituirá en una gran oportunidad para los países de Latinoamérica, gracias a la creciente demanda industrial, ya que según el BID y la OIT (2020), la transición a una economía global de cero emisiones netas en carbono, podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en la región para 2030.