Así tituló hace algún tiempo una columna de opinión en El País, Moisés Naim, analista social e intelectual venezolano. Se preguntaba: ¿Porqué las sociedades y sus gobiernos toleran pasivamente las malas ideas? ¿Porqué hay tantas políticas públicas obviamente fracasadas que resultan imposibles de erradicar?
Y ponía dos ejemplos: la política antidrogas declarada por Richard Nixon en 1971 en la que se gastan en promedio más de 51.000 millones de dólares al año cuando estudios como el de la Comisión Global sobre Política de Drogas, dijo en el año 2015 que “la guerra global contra las drogas ha fracasado y tiene devastadoras consecuencias para individuos y sociedades alrededor del mundo”. Y en Colombia sí que lo sabemos bien. 
El embargo económico de Estados unidos a Cuba en pie desde 1962. “El propósito original del embargo fue y sigue siendo, el cambio del régimen de Cuba. La idea era que el embargo debilitaría la economía cubana hasta producir un cambio de gobierno que abriría el camino hacia el establecimiento de un régimen democrático…obviamente esto no ha pasado y Cuba sigue siendo la dictadura más antigua de América Latina”. 
En Colombia también vivimos obviedades problemáticas que no hemos podido o no hemos querido cambiar: una de ellas, nuestro actual sistema político y electoral; sus bases las estableció la Constitución de 1991 con el propósito de acabar con el bipartidismo. Esa idea se cristalizó en efecto, y dio lugar a un modelo que terminó exacerbando un acentuado multipartidismo. Con ese modelo vinieron las listas abiertas y una estructura institucional del sistema electoral que ha sido puesto en cuestión en forma reiterada durante años. 
Las grietas y deficiencias de nuestro Sistema Político han hecho obvia la necesidad de reformarlo. Se acepta que es un sistema complejo, problemático, costoso, lleno de porosidades por donde penetran con facilidad todas las formas de corrupción. 
La detención la última semana de Arturo Char, cabeza de uno de los clanes políticos más poderosos del país, y expresidente del Senado, ha reeditado la necesidad de superar lo episódico y estudiar hasta dónde, más allá de las infidelidades, los amores agraviados y la ferocidad de la lucha por el poder en una región especifica del país, existen elementos de la institucionalidad que facilitan este tipo de ejercicio de la política electoral.   
Uno de esos elementos es sin duda el de las listas abiertas; esta institución ha encarecido de manera brutal los costos de transacción del mercado electoral. La competencia política se desarrolla en torno a personas, los candidatos individualmente considerados, y no entre instituciones, los partidos políticos. Esta circunstancia ha convertido las campañas electorales en Colombia en una especie de feria o bazar, en un espacio donde todo tiene precio. 
Las contabilidades de las campañas son mentirosas, la financiación del Estado se queda corta, y la de los actores privados se esconde o se disimula. Lo que equivale a decir que las contiendas electorales son asimétricas, muy desiguales entre aquellos que cuentan con recursos, bien o mal habidos, y los que muy excepcionalmente tienen los que se llaman votos de opinión.
En el entretanto no hay serios mecanismos de control: el Consejo Electoral que no es más que una realidad aumentada de la estructura de poder que habita en el Congreso, por su propio origen y naturaleza, es incapaz de atender esta exigencia que resulta de un ambiente electoral, todos los días más degradado.
Si esto ocurre en los centros urbanos donde se supone está el ciudadano educado e informado, qué decir de los territorios donde literalmente no está el Estado, y esos mismos ciudadanos están expósitos frente al agobio de facinerosos de toda laya que controlan allí todo, no solo la política y las elecciones.     
Es obvio que necesitamos cambiar la manera como se edifica el poder político en Colombia, y también la forma como se organiza el Estado para cumplir eficientemente sus funciones de proveedor de buenos bienes públicos. Pero si la política antidrogas tiene defensores en la frondosa burocracia gringa que la ejecuta en todo el mundo, y el bloqueo los tiene en los políticos que en Estados Unidos se nutren electoralmente con los votos de los exiliados cubanos en Florida, aquí en Colombia, los que se oponen a la reforma del Sistema Político los son quienes ejercen ese poder político merced a las actuales reglas de juego que naturalmente preferirían no cambiar.