El Congreso de la República tendrá entre sus responsabilidades más importantes a partir del próximo 7 de febrero, el estudio y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Ha dicho el Gobierno que este será un documento corto y uno de los planes más participativos que haya tenido el país. La participación ciudadana se concretó en los Diálogos Regionales Vinculantes a partir de los cuales se identificaron las expectativas de distintas comunidades y sectores, que recogidas y sistematizadas por el Departamento Nacional de Planeación, serán los insumos fundamentales para la construcción final del Plan.
“Lo primero que hicimos fue un análisis de frecuencias de los temas y palabras que más se repitieron. Esas frecuencias van a determinar los puntos estratégicos del Plan; por ejemplo, las vías terciarias… fue unos de los temas más repetitivos en los Diálogos”.
Y no es para menos: en medio de un panorama tan sombrío en materia de inflación de alimentos, y cuando el país virtualmente se parte entre territorios que se incomunican por efecto del invierno que nos azota sin piedad, apenas es lógico que las comunidades reclamen con vehemencia y desesperación más y mejores vías terciarias: el derrumbe en Rosas, Cauca, es la exacerbación de un fenómeno que, en menor escala y dramatismo, se puede ver en muchos otros  lugares del país: el mal estado de las vías terciarias, necesarias para llegar del campo a los municipios, sigue haciéndole zancadilla a los campesinos de un país que quiere y debe potenciar la tierra y la ruralidad.   
En línea con el hostigante centralismo que padecemos, las vías terciarias son ahora responsabilidad de los municipios; no siempre fue así. En 1960 se creó el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, adscrito al entonces Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de construir y mantener estas infraestructuras; pero la aplicación a rajatabla del catecismo neoliberal expresado en recomendaciones de organismos internacionales que clamaban por el adelgazamiento del Estado, hizo que desapareciera dicha entidad y se establecieran reformas que en 1992 le entregaron casi toda la responsabilidad de las vías terciarias a los municipios: de 142.284 kilómetros de red terciaria que tiene Colombia, el 80% es competencia de los municipios, el restante 20% lo es del Instituto Nacional de Vías. Con el agravante de que la mayoría de municipios son de categorías 5 y 6, es decir, muy pobres en materia fiscal.
La dimensión del problema con las vías terciarias se comprende rápidamente con estos datos: 7 de cada 10 kilómetros de carreteras en Colombia son terciarias, y de esas, solo el 10% se encuentra en buen estado, lo que significa que el sector rural carece de un bien público esencial para su desarrollo. Adecuadas y suficientes vías terciarias, son presupuesto esencial para crecimiento, la paz, la suficiente oferta de alimentos, la erradicación de cultivos ilícitos, y una reforma agraria eficaz.
En el presupuesto nacional de este año el sector rural obtuvo una financiación que dobla la de la vigencia del año anterior y se anunció por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que un porcentaje importante de los 2,1 billones de pesos que se recogieron en la declaratoria de desastre natural, con ocasión de la ola invernal, se irían a financiar vías terciarias; esperamos que haya foco estratégico para invertir estos recursos y así saldar, por lo menos en parte, una deuda de siglos con los campesinos colombianos.
En el entretanto, se tramita actualmente en el Congreso un proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad que responda por las vías terciarias en el país.
En el ámbito departamental, siendo Caldas uno de los territorios de Colombia más vulnerables al cambio climático, la situación con respecto a vías terciarias, y secundarias (que comunican a los municipios entre sí, y a estos con Manizales y que están a cargo del Depto.), si se quiere, es más compleja: de los 27 municipios de Caldas, más de la mitad, 14, presentan afectaciones viales; 18 poseen vías con paso restringido o provisional; prácticamente el oriente está incomunicado con la capital, y el norte está a punto de llegar a la  misma situación. 
Las carreteras que comunican a los pueblos con sus veredas, corregimientos y sectores rurales más periféricos están hechas un desastre. Visitar los municipios y hablar con sus gentes es escuchar el reiterado reclamo de mejores vías. Los campesinos y los municipios están sitiados por la incomunicación.  
A pesar de las históricas apropiaciones para el sector de infraestructura provenientes tanto de los presupuestos corrientes de la administración departamental como del sistema general de regalías con las que cuenta el departamento, la situación vial de Caldas es muy crítica.
Esto nos invita a reflexionar sobre si los proyectos que se están priorizando (y fracasando) son los que realmente necesita el territorio. Prueba de ello es que finalizando el año pasado el secretario de Infraestructura de Caldas dijo ante los diputados que el proyecto de combos y de mantenimiento de vías terciarias estaba desfinanciado en casi 4.000 millones de pesos para la vigencia 2023.
La pregunta es entonces: si se proyecta un presupuesto de más de 100.000 millones de pesos para el sector infraestructura en 2023, ¿por qué entran en déficit proyectos tan importantes como los combos de maquinarias y mantenimiento vial departamental? ¿Para dónde se están yendo los recursos de las grandes obras de infraestructura? ¿Cómo y bajo qué criterios se están priorizando?   Las vías carreteables son hilos que comunican al ciudadano con sus derechos; las buenas carreteras cierran brechas y generan equidad. Deben ser, pues, prioridad para cualquier gobierno, tanto como la educación y la salud.