Antier las comisiones económicas y de presupuesto conjuntas de Senado y Cámara no alcanzaron quórum para aprobar el monto del presupuesto general de la Nación para el 2025. En el marco legal, la aprobación del monto es el beneplácito del Congreso a los supuestos datos sobre los cuales se estructura la propuesta. En este caso, casi todo el mundo coincide en que esos datos supuestos no se allanan con la realidad: el Gobierno fija un monto de $523 billones, pero sabe que no cuenta con esos recursos, y entonces presenta una propuesta de ley de financiamiento para, por vía más impuestos y relajación de la regla fiscal, alcanzarlos.

Como lo ha dicho la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión IV, “...el proyecto en lugar de ofrecer soluciones, tiene falencias graves, está desbalanceado y desconectado con la realidad del país”. Las cosas se complican más cuando ni siquiera bajo la presunción de la aprobación de la ley de financiamiento, se puede garantizar llegar a un presupuesto balanceado: los cálculos de recaudo son imprecisos, en exceso optimistas, y carentes de realismo.

La gestión fiscal del Gobierno ha sido errática y desordenada. Este año el recaudo se ha reducido un 7% y el Gobierno tiene un problema de caja monumental, hay pagos demorados y contratistas que no reciben sus honorarios a tiempo. La ejecución presupuestal va mal y hay por lo menos 18 sectores con una ejecución por debajo del 30%. Todas estas circunstancias han generado un ambiente enrarecido que dificulta el diálogo y la discusión serena; difícilmente habrá acuerdos sobre cifras tan contradictorias y sin sustento fáctico. Es posible que el Congreso no apruebe el presupuesto y le corresponda, con base en la Constitución y en la ley, expedirlo al presidente por decreto.

La primera consecuencia es que el presidente tendrá que recortar las cifras que no quiso que le recortara el Congreso; pero tendrá la facultad de hacerlo, y eso es muy malo para las regiones que no son de sus afectos o para los proyectos que no le simpatizan. Y en materia política y electoral es sumamente peligroso.

Es importante entonces hacer esfuerzos por conciliar las cifras y no dejar en el limbo un fundamental herramienta de la gestión pública con que cuentan el Estado y el Gobierno; más aún cuando esta circunstancia es inédita en la historia de Colombia. Se vivió un episodio similar en el gobierno de Pastrana, hijo, pero sin el agravante del torpedo de la ley de financiamiento. Hay confusión jurídica del camino que se debe seguir.

Una particularidad en esta discusión es la ley de financiamiento; sin tener clara la aprobación del monto del presupuesto lo que seguiría sería proceder con su estudio y, vía ese debate, intentar terminar de cerrar la cifra del presupuesto para el próximo año. En todo caso el camino del presupuesto se antoja incierto, pues “no hay antecedentes y el Estatuto Orgánico del Presupuesto tampoco establece reglas claras para los casos en los que las comisiones económicas niegan el monto”, dice William Reyes, asesor de gasto público del Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana.

La sensación de crisis, confusión y encrucijada está presente en este particular proceso; lo grave es que ahí se puede estar retratando lo que está pasando en muchos otros ámbitos de la vida del país. Y el presidente con sus alocuciones, como delirantes, echándole más cebo al candil.