En la mañana del 24 de septiembre fue oficialmente radicada la reforma política en la Presidencia de la Cámara de Representantes. Esta es la quinta propuesta de reforma política que se radica en este período del Congreso.
El abundante número de iniciativas en esta materia es claro síntoma de la preocupación de muchos actores de la vida pública colombiana respecto al funcionamiento de nuestro sistema político y electoral.
El ministro del Interior, autor de la propuesta, ha dicho que la reforma política “busca primordialmente el fortalecimiento del sistema democrático, rescatando su transparencia y reduciendo los riesgos de corrupción derivados del clientelismo y el descontrolado gasto electoral”.
La premisa nace de un diagnóstico irrefutable: nuestra democracia no está funcionando bien, hay una generalizada corrupción en el ámbito de lo público, y votar terminó siendo un acto confuso, problemático y costoso.
El foco de atención del proyecto de reforma constitucional se centra, de nuevo en la dispersión partidista, la financiación de las campañas, la inadecuada representación ciudadana, su excesiva personalización y el origen y funcionamiento del Consejo Electoral.
La pertinencia de abocar el tema es irrefutable: sigue siendo una de las asignaturas perdidas del Acuerdo de Paz de la Habana, y, por tanto, un obstáculo serio a la implementación de la pactado.
La pertinencia, sin embargo, no soslaya su extemporaneidad y su inoportunidad. Este Gobierno parece que llegara tarde a todo; una iniciativa que debió ser la primera en la lista de prioridades de un mandato que se llama del cambio, llega ahora en el momento mas crispado de las relaciones de Petro con el Congreso, en particular con el Senado. Más allá de eso, la cercanía de unas elecciones, no parece ser el momento ideal para cambiar las reglas de juego electoral. En este momento todos hacen sus propios cálculos, y así es muy difícil encontrar consensos.
La oportunidad de hacer una real reforma política hubiera llegado con el gran Acuerdo Nacional, del cual poco se volvió a hablar. En esta materia más que en ninguna otra, se requieren largas y sensatas conversaciones, y acuerdos múltiples. Hasta el punto que muchos piensan, yo entre ellos, que, para conseguir adelantar esa reforma, se requiere un camino extra congreso, es decir, un referendo, un plebiscito, o una constituyente; eso, porque casi ninguno de quienes hoy tienen la competencia de cambiar esas reglas de juego, lo querrían hacer, en cuanto que gracias a ellas es que están donde están.  Por eso es tan difícil en cualquier parte del mundo, en democracia, cambiar los caminos que conducen a la construcción del poder público.
Hasta aquí la forma; ya habrá tiempo de comentar los aspectos sustanciales de la iniciativa, que en general son los mismos de aquellas que contemplaban las múltiples fracasadas en los últimos años. Cualquier gobierno serio debería entender que esta es la reforma más urgente hoy: el Estado colombiano requiere profundas transformaciones, que pasan por cambiar la manera como se construye y se reparte el poder en estos tiempos de crisis, transiciones e incertidumbres.
PD. – Tiene uno que ser muy despistado, o muy cínico, o muy vanidoso, o las tres cosas a la vez, para atreverse a publicar y publicitar un libro suyo sobre vivienda, como lo ha hecho el exgobernador Luis C. Velásquez. Ahí se pifió la oficina de publicaciones de la ONU.