Con un pragmatismo apenas consecuente con su larga carrera parlamentaria, Gustavo Petro ha entendido que, si quería que sus grandes propuestas de reformas pasasen sin mucha dificultad por el cedazo del Congreso, las debía presentar en los primeros días de su Gobierno, gozando como está todavía del “estado de gracia” con la opinión pública, de la cual hace parte también el Órgano Legislativo.
Esta semana tuvieron fuerte avance en el Congreso las reformas tributaria y política. Han superado, no sin contratiempos, las iniciales discusiones reglamentarias después de los acuerdos y transacciones derivadas del intenso lobby de muchos sectores de interés y de los propios congresistas.
La reforma política fue tramitada en primero y segundo debates. Muchos componentes del proyecto inicial fueron retirados, entre ellos el que proponía cambios de fondo a la arquitectura institucional del sistema político-electoral, esto es, a la Registraduría y al Consejo Electoral. Esperamos revivir en una discusión posterior esta iniciativa, sin la cual la reforma no sería verdadera reforma: hay que cambiar el origen del Consejo Electoral, darle verdaderas funciones jurisdiccionales y autonomía administrativa y presupuestal, y acabar de esa manera con la dependencia perniciosa de la Registraduría, la que de paso también tendrá que sufrir cambios drásticos. También fue retirada la iniciativa de disminuir la edad mínima como requisito para ser elegido Representante o Senador; paradójica decisión de una Corporación integrada mayoritariamente por mujeres y hombres jóvenes. Seguramente se asomaron a experiencias no muy edificantes de personas en esa condición encumbradas a cargos de responsabilidad política o administrativa. Y quedó claro también que las instituciones no son el espacio idóneo para expresar gratitudes episódicas, pues uno de los argumentos de quienes estaban con la propuesta, el mismo Gobierno, era que había qué reconocer el papel decisivo de la juventud en la elección de Petro.
Entre los temas más controversiales está el de la posibilidad de que los congresistas puedan ser nombrados ministros o aspirar a ser elegidos alcaldes o gobernadores estando en ejercicio de sus funciones. Desaparece una incompatibilidad que le introduce al sistema político colombiano, que es presidencialista, un componente típico de un régimen parlamentario.  Esta es una iniciativa inútil e inconveniente que ojalá sea revisada en los debates subsiguientes.
Tuvo mucha discusión el tema referido a la limitación del número de reelecciones a que puede aspirar un parlamentario: se aprobó que, en adelante, nadie podrá ser reelegido más de tres veces. Extraña figura esta que no existe en casi ninguna democracia del mundo, y que en mi criterio poco aporta al mejoramiento de la democracia.
El transfuguismo vuelve y juega también: la reforma establece que se autoriza por una sola vez y a partir del período que se inicia en 2026, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. Una tabla de salvación para quienes se quieran acomodar a la dirección de los nuevos vientos que soplan en el escenario de la política de hoy; y una concesión al desorden que padece nuestro sistema de partidos.
Desorden de nuestro sistema de partidos que es una deriva de las listas abiertas y el voto preferente. El sistema político colombiano es caótico, desordenado, costoso, complejo y agresivo con el ciudadano, gracias a las listas abiertas: el Estado tiene que financiar muchos candidatos y no a unos pocos partidos, el acto de votar es engorroso y truculento, carente de contenido programático y desapacible con las organizaciones partidistas que resignan su existencia a la función simplemente operativa de repartir avales. Tales circunstancias son el caldo de cultivo de la corrupción y la ingobernabilidad; privilegian los cacicazgos y la captura del Estado por las peores prácticas administrativas y presupuestales.
Además, las listas cerradas tendrán que ser paritarias entre hombres y mujeres, e implicarán para los partidos la obligación legal de establecer sistemas democráticos internos de postulación de candidatos que impedirán el despotismo del bolígrafo. Es sin duda esta decisión, hasta ahora, la columna vertebral de la reforma.
El Congreso tiene la obligación de estudiar con sumo cuidado esta propuesta: es la que establece el marco institucional básico para el funcionamiento del Estado y el Gobierno. Como hemos dicho, nada hay más necesario para cambiar el país, que cambiar la política.