El jueves pasado la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado convocó a una audiencia pública para conversar sobre el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones. Resulta que la Constitución de 1991 estableció que de los ingresos corrientes de la Nación, mínimo el 46,5% debía ser transferido a los departamentos, municipios y distritos. Normas legales que desarrollaron ese mandato fundamental, les entregaron a las entidades territoriales nuevas competencias y responsabilidades.
Las crisis económica y fiscal que sacudió a Colombia a finales de la primera década de este siglo fue la justificación para aprobar, en 2001 y 2007, dos reformas constitucionales que reversaron el propósito descentralizador de la Carta del 91. Se calcula que, a esta altura del tiempo, las entidades territoriales han dejado de percibir unos 380 billones de pesos como consecuencia de esas reformas. La verdad es que hoy, departamentos, municipios y distritos no reciben más de un 20% por transferencias de la Nación.
Las estructuras fiscales de estas entidades territoriales son inelásticas y raquíticas; no tienen autonomía para adelantar por sí mismas auténticos procesos de crecimiento y desarrollo. Su destino está hoy en muy buena parte en manos del Estado central.
La discusión no ha estado ausente de los escenarios políticos y académicos a lo largo de estos años. Pero sin duda ahora ha ganado una particular centralidad. Centralidad que se expresó en la audiencia a la que hemos hecho referencia.
En efecto, no solo ya ha sido aprobado en cuatro debates (primera vuelta) el proyecto de acto legislativo 18 de 2024 que propone reformar el sistema general de participaciones, sino que acaba de salir a la luz el informe de la Misión de Descentralización creada en 2019, y recreada por el Plan de Desarrollo de este Gobierno. Esa Misión, de acuerdo a lo preceptuado por la ley, recibió el encargo de estudiar el estado de la descentralización en Colombia, y proponer en consecuencia reformas constitucionales y legales para profundizarla a la luz de una nueva visión del ordenamiento territorial del Estado colombiano.
La Misión propone un tratamiento diferencial para los territorios subnacionales; incorpora elementos ambientales, étnicos, culturales, además de los económicos e institucionales, al momento de localizar la praxis de la descentralización. Una regla fiscal para las entidades territoriales y un fondo de compensación para apoyar a las regiones más pobres, son también elementos relevantes del informe. También está de acuerdo la Misión con incrementar gradualmente, aunque en menos tiempo y en menor proporción, las transferencias fiscales a departamentos, municipios y distritos a tono con lo planteado también en el Plan de Desarrollo que explícitamente propone un nuevo orden territorial para Colombia.
Paralelamente a estas iniciativas, avanza la recolección de firmas para apoyar la convocatoria al referendo sobre autonomía territorial impulsado por el gobernador de Antioquia y que plantea un cambio profundo de las estructuras fiscales y tributarias de las entidades territoriales, al dotarlas de más recursos propios bajo su propio recaudo, administración y ejecución. Le apunta el referendo a concretar el enunciado según el cual una verdadera autonomía pasa necesariamente por el manejo autónomo del gasto público.
Más allá del ruido de las reformas del Gobierno sobre el trabajo, la salud y el sector agrario, avanzan estas que son las que crearían las condiciones para construir un Estado más eficiente, menos corrupto, menos ausente, menos lejano y más funcional a las transformaciones que necesitamos.
A la mencionada audiencia acudieron congresistas, gobierno, alcaldes, dirigentes gremiales, empresarios, académicos, sindicatos, y organizaciones no gubernamentales. Todos estuvimos de acuerdo en que hay que continuar jalonando estos procesos a partir de diálogos útiles, inclusivos y ojalá, más descentralizados.