En la plenaria del Senado empezó a discutirse el proyecto de acto legislativo para entregarle más recursos y competencias a los departamentos, municipios y distritos. Los cinco debates precedentes no tuvieron mayor difusión mediática y fue necesario el pronunciamiento de sectores gremiales y académicos para que el tema ganara relevancia. Anif y Fedesarrollo expresaron su preocupación porque el proyecto podría meter al Estado en graves dificultades fiscales; igual opinaron el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el director general de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta.
Ahí sí, sobre un asunto que, sin duda, es el más importante que se tramita en el Congreso de la Republica. Se trata de discutir las relaciones de poder entre el centro y la periferia, y de avanzar en el propósito de construir un Estado más eficiente, menos lejano, más democrático, menos corrupto.
James Robinson, Daron Acemoğlu y Simon Jonhson, laureados este año con el premio Nóbel de Economía, nos vienen advirtiendo desde 2102, cuando publicaron sus textos Por qué fracasan los países, los Orígenes del poder, la Prosperidad y la pobreza, sobre la importancia de las instituciones en el desarrollo de las sociedades.
Colombia ha sido puesta en ese texto como evidencia empírica de un Estado ineficaz, medio fallido, donde imperan instituciones políticas extractivas: “…Colombia no es un caso de Estado fracasado. Sin embargo, es un Estado con una autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio. Aunque el Estado pueda proporcionar seguridad y servicios públicos en grandes áreas urbanas como Bogotá o Barranquilla, existen partes significativas del país en las que proporciona pocos servicios públicos y prácticamente ninguna ley y orden”. “La mitad de Colombia no está gobernada”, ha dicho Robinson.
De esto ya tenía claro entendimiento el profesor Orlando Fals Borda, que como miembro de la Constituyente de 1991 intentó que ese órgano asumiera el reordenamiento territorial encaminado a dotar de mayor autonomía a las entidades territoriales. Lo logró en buena medida por el camino de fortalecer las finanzas de los territorios a través del aumento de las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación. Quedó como mandato constitucional que hacia adelante el 46,5% de estos ingresos se les tendría que transferir a los departamentos y municipios.
Pero como suele ocurrir a veces en Colombia, dadas algunas dificultades fiscales de la segunda mitad de la década del 90, no se encontró otra salida que reversar esa decisión de la Constituyente. Hoy las entidades territoriales reciben apenas un poco más del 20% de los ingresos corrientes de la Nación.
El acto legislativo que cursa en el Congreso pretende volver al espíritu de la Constitución y concretar el mandato consagrado en el art. 1 según el cual, Colombia se organiza como un Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Vendrá luego una ley que baraje de nuevo en competencias atribuibles a las entidades territoriales, todo sobre la base de garantizar una mejor administración del territorio, servicios y bienes más cercanos a la ciudadanía, más control social de las comunidades al gasto público, más eficiencia en la ejecución de los recursos. Todo sobre la base de un adelgazamiento del Estado central. ¿Saben cuántos nuevos contratos de prestación de servicios se han suscrito este último año en la Administración central?, 217.000 (¡!).