La semana pasada Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción en el mundo, que, además, revela altos niveles de criminalidad organizada e inestabilidad en América. El citado estudio deriva de la información proveniente de expertos y empresarios sobre conductas como: el soborno, desvío de fondos públicos, burocracia excesiva, nepotismo, etc. De los 180 países evaluados, tan solo el 5% muestra avances significativos, destacándose naciones como Dinamarca y Australia; las demás se mantienen igual o tienen retrocesos en materia de corrupción. En síntesis, se evidencia que la lucha contra la corrupción es mínima en el planeta.  En Latinoamérica, tan solo Uruguay registra algún nivel de mejoría, lo que, en parte, explica el deterioro institucional de la región. Esta situación justifica el descontento generalizado de la población con sus gobiernos, y, de alguna manera, la violencia que se vive en gran parte del planeta. Según transparencia, en América se presenta un círculo vicioso entre debilidad de las instituciones, aumento de las redes criminales y desestabilización de los gobiernos que, como siempre, afecta a los más pobres.  
Como hecho notorio, aquellos países donde brilla el autoritarismo y se restringen las libertades individuales -Somalia, Siria, Corea del Norte, Venezuela- son los peor calificados. El vecino país se encuentra dentro del grupo de los cuatro más corruptos del planeta, ocupando el puesto 177. En definitiva, el deterioro de la democracia es directamente proporcional a la corrupción, como si aquellos gobernantes autoritarios soportaran sus regímenes a costa del erario público, es decir, permitiendo el saqueo de los recursos de sus estados.   
En relación con los países de mejor desempeño, si bien no hay indicadores que permitan evidenciar su proclividad a la corrupción transfronteriza, “ya sea permitiendo que los fondos robados sean lavados a través de sus economías o dando paso libre a las empresas que sobornan a funcionarios extranjeros”, pareciera que las naciones más avanzadas se hacen las de la vista gorda ante tamaño problema, favoreciendo un estado de cosas muy provechoso para los corruptos de las naciones más pobres donde la fiscalización es precaria; de ahí que la corrupción permanece constante en los últimos años.
Es evidente la relación entre conflicto y corrupción, pues el primero propicia mayores oportunidades para el soborno y para la apropiación de los recursos públicos, alimentando odios y generando divisiones en la sociedad. Si la percepción es tan negativa en una región donde el acceso a la información es bastante precaria, ¿cómo serían los resultados si los ciudadanos pudieran acceder de manera más expedita a información pública? La corrupción es una amenaza global que requiere trabajo conjunto entre los estados: controles eficientes, autonomía y separación de los poderes públicos, mayor acceso a la información; son algunas de las medidas que los gobiernos pueden adoptar. Es de suma importancia que los países más grandes, asuman una lucha frontal contra la corrupción, adoptando políticas financieras de rastreo y control a los capitales que llegan del exterior.
Colombia por debajo de la mitad de la tabla ocupa el rango 91, con una puntuación de 39 sobre 100, sin cambio alguno desde la última medición. Las diversas leyes que hasta la fecha se han aprobado, no parecen haber sido los suficientemente efectivas para combatir la corrupción. En definitiva “hecha la ley, hecha la trampa”. O, como dicen en algunas regiones de Colombia “eso por aquí no pegó”.