Al inicio de cada gobierno, y como ha sido costumbre en los últimos años, se anuncia la presentación de una reforma política profunda, que subsane las serias deficiencias que actualmente tiene nuestro sistema político y electoral. Ya las pasadas elecciones nos dejaron importantes lecciones que evidencian la importancia de llevar a cabo ciertos ajustes. Esperemos que en esta oportunidad no se frustre una iniciativa absolutamente necesaria.  
 Estamos a poco más de un año de las elecciones regionales, unas de las más grandes de Latinoamérica y donde participan cerca de 120 mil candidatos a los diferentes cargos de elección popular. La lucha contra la financiación corrupta e ilegal y el trasteo de votos en ciertas regiones del país requieren una importante atención. Es necesario fortalecer los órganos de control encargados de sancionar estas prácticas nocivas para la democracia.
 A la fecha se han radicado cerca de cuatro proyectos de acto legislativo y uno más suscrito por el Ministro del Interior. Estas iniciativas buscan diferentes propósitos, pero en general se trata de dos tipos de proyectos: Un par de ellos encaminados a modificar la arquitectura institucional y que en esencia buscan modificar el Consejo Nacional Electoral tanto en su composición como en su origen. La creación de un Tribunal electoral que haría parte de la rama judicial y que busca judicializar algunas de las competencias relacionadas con los partidos políticos, la modificación de la Registraduría para convertirla en un órgano colegiado, entre otras. Por su parte los relacionados con reforma política, pretenden imponer las listas cerradas y paritarias a corporaciones públicas, Congreso, Asambleas y Concejos municipales. Limitar los períodos en el Congreso y  autorizar el trasfuguismo. En relación con esta última propuesta, es importante señalar que ya es hora de sincerarse con la opinión, y de una vez por todas que cada quién se afilie al partido por el que siente mayor afinidad. Los cálculos electorales y la estrategia política no pueden ser los motivos para  hacer parte de una determinada organización política. Ya basta de engañar a la ciudadanía enarbolando banderas por las que no se tiene ninguna mística.
 Otra novedad importante de la reforma tiene que ver con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda constituir movimientos políticos con la sola firma de un determinado número de afiliados, cuya base esté compuesta por al menos el 0,2% del censo electoral nacional. Lo que significa que se amplían las posibilidades para aspirar a cualquier candidatura y se acaba esa terrible práctica relacionada con la negociación y venta de avales que tanto daño le hace a la democracia.
 Del mismo modo, estos movimientos políticos podrían de convertirse en partidos políticos si alcanzan tanto una curul como un determinado número de votos en las elecciones para el Congreso de la República. Cabe advertir que en todo caso existe el peligro de volver a las épocas del 2003, cuando en Colombia existía un número muy alto de organizaciones políticas, derivando en las famosas microempresas electorales que tanto daño le ocasionaron al sistema político colombiano.
Precisamente por el desgaste actual de los partidos políticos es que se promueven iniciativas de esta naturaleza, que si bien generan mayor apertura democrática y más posibilidades de ejercer los derechos políticos a elegir y ser elegido, en todo caso juegan en contra del fortalecimiento de estas organizaciones. Aunque pareciera que no es un tema que actualmente interese mucho. Tanto el Congreso como los partidos, pasan por un momento muy difícil que los obliga a reestructurase si quieren verdaderamente conectarse con la opinión.