Generalmente cuando se radica un proyecto en una de las curadurías urbanas se hace con la convicción de que pasados los 45 días reglamentarios no se va a tener ninguna observación. Se ha puesto todo el empeño en presentar un diseño que corresponda en todo a lo dicho en el Código de Construcción. Sin embargo, siempre aparece una razonable lista de inconsistencias que es necesario acatar para cumplir cabalmente la ley. La seriedad y profesionalismo con el cual se estudian los proyectos antes de su aprobación, tiene como objeto garantizar que la ciudad tendrá un desarrollo conforme a lo concebido en el Plan de Ordenamiento Territorial.

La realidad es bien distinta, las construcciones ilegales aumentan de manera exponencial, tergiversando peligrosamente la apropiación del territorio. El control urbano es inoperante al momento de exigir al infractor acogerse a la norma, independiente si se agrede el espacio público o se pone en peligro la vida de las personas. Particularmente en el espacio público, la movilidad, vendedores informales, antejardines, basuras en los separadores de las avenidas y una interminable lista, andan al garete, cada quien hace lo que le viene en gana, en muchos de los casos con la complacencia de la Administración Municipal. 24 meses atrás respondía un guardia del espacio público a la administradora de un emblemático edificio de la Avenida Santander, ante la queja interpuesta por ella de que el acceso a su edificio estaba continuamente asediado por vendedores de todas las cosas habidas y por haber: “la orden es no molestar”, contestó el guarda con pasmosa naturalidad.

La disociación es un fenómeno que consiste en una desconexión entre entidades que habitualmente están o deberían estar asociadas entre sí. Aunque perteneciente al campo de la psicología, puede aplicarse sin mucho esfuerzo a la realidad de una ciudad que como la nuestra se debate entre la norma, acuerdo social, y una idiosincrasia que considera un valor manosearla a su antojo. Esta desconexión entre la norma y la realidad, hace que la institucionalidad pierda valor, la ciudadanía se sienta insegura, más grave aún, cuando es cohonestada por el Estado.

Un alcalde reciente llegó a su cargo enarbolando como bandera la defensa del medio ambiente, para ello atacó sin conmiseración el proyecto Tierra Viva que se iba a construir respetando estrictamente lo regulado por la ley, concebido además, como modelo de expansión urbana. Sin embargo, en su Administración proliferaron las construcciones ilegales y también, sin conmiseración alguna, se invadieron grandes reductos “protegidos” de fauna y flora silvestre. La ausencia del alcalde develó la intención soterrada de su prédica. La falta de control es simple y llanamente complicidad.

A una ciudad que tiene la decisión de hacer de la educación el Leitmotiv de su desarrollo, le urge enfilar sus baterías en este sentido, para ello es necesaria una ponderada y constante dosis de cultura ciudadana. El acatamiento de la norma, debe entenderse como el punto nodal de la cultura, el respeto para con sus congéneres es su fin último y primero.

PD 1: La decisión del alcalde, Jorge Eduardo Rojas, de ordenar la movilidad vehicular ha mejorado ostensiblemente la fluidez en gran parte del territorio urbano, lo cual es reconocido con merecida satisfacción por la ciudadanía. Comprobar que es posible, necesariamente nos devuelve el optimismo.

PD 2: Algunos entendidos, luego de leer el artículo sobre el telón de boca de Luciano Jaramillo, del Teatro de los Fundadores, (La Patria, 03-03-2024), son unánimes en afirmar que este es el mejor telón que hay en el país. Afirmé en el mismo artículo que el maestro Guillermo Botero era uruguayo, es de Pácora, mil excusas.