El miércoles de esta semana fuimos gratamente sorprendidos por un video del representante Juan Sebastián Gómez, en el cual agradece a la comisión primera de la Cámara por “aprobar un control preferente y concomitante por parte de la Contraloría General de la República”, para las grandes obras que se deberían desarrollar en Manizales y sobre las cuales solo hay dudas, sombras y evidencias de corrupción, desgreño, favoritismo, caos e ineptitud administrativa, económica y financiera.
¿Y qué significa, en la práctica, esta figura? Pues que el Contralor General de la República desplaza a la contraloría local en sus funciones y ejerce directamente el control sobre las obras que, en nuestro caso, están plagadas de suciedad y pestilencia, y se arroga las facultades de advertir, prevenir y dejar sentadas las bases para la protección del patrimonio público. De alguna manera entra a reemplazar a nuestro órgano local que, en Manizales, solo ha servido de cómplice y silente lacayo de una administración perversa y corrupta como la de Carlos Mario Marín Correa.
Y aunque esta solicitud fue recibida con escepticismo por muchos ciudadanos que se preguntan cuál puede ser la utilidad de esta medida, si la administración Marín ya lleva tres años y medio despilfarrando, improvisando, desfalcando y despojándonos de nuestros recursos sin ningún control, hay que responderles que es algo alentador, pues el desplazamiento del órgano local, más allá de significar recuperación de dinero o tiempo perdidos a causa de la indolencia y connivencia de la Contraloría municipal, significa que el Contralor General avoca directamente nuestra problemática y desplaza a una de las fichas del ajedrez del alcalde.
Pero, además, es de mayúscula importancia que quede en evidencia lo que venimos repitiendo desde el inicio de esta administración: tenemos una contraloría arrodillada, ineficiente, cómplice, silenciosa y peligrosa, lo que le ha permitido al alcalde Marín y su séquito moverse en este mar de estiércol moral que ellos mismos han formado, sin riesgo alguno de control o sanción. Bástenos recordar que en agosto de 2020, cuando solicité ante la gerencia departamental de la Contraloría General de la República la “Intervención Funcional Excepcional”, con radicado 2020ER0052290, obtuve como respuesta que no accedían a mi petición por ser un ciudadano no calificado para elevar la solicitud, y le dieron traslado a la misma Contraloría Municipal (contra quien me quejaba en ese entonces) para que ejerciera su autocontrol. Es decir, pusieron al ratón a cuidar el queso. (ver documentos en https://titepava.com/2023/05/11/contraloria-de-bolsillo/). ¿Cuántos desfalcos, desafueros y actos de corrupción hubiéramos podido evitar?
Por eso es alentador, repito, que la comisión primera de la Cámara de Representantes se haya interesado en el asunto, y decidido solicitar a la Contraloría General de la República que intervenga en nuestra problemática local de una manera directa. Faltaría, a mi modo de ver, que la Procuraduría General ejerciera también ese control preferente, pues muchos de los procesos que llegan a la personería, o a la procuraduría local o provincial sufren una inexplicable parálisis, y quedan represados en los escritorios de mandos medios que parecen más al servicio del alcalde Marín que de las labores esenciales del Ministerio Público. E igual rigurosidad habría que exigirle a la Fiscalía General de la Nación, donde reposan muchas denuncias que no superan la asignación de un radicado, para entrar en interminables e inescrutables silencios sin avances concretos.
No debe ser muy agradable la situación por la que atraviesa la Contraloría Municipal de Manizales, ante la segura asunción del mencionado control “preferente y concomitante”. ¡Pero se lo buscaron, y se lo merecen! La injerencia del alcalde Marín en la contraloría municipal ha quedado evidenciada en múltiples ocasiones y así lo hemos señalado, con pruebas, en este espacio.
Ya era hora de alguna intervención nacional que, esperamos, origine una reacción sancionatoria en cadena que abarque hasta el concejo, y que nos permita al menos proteger lo poco que queda en las arcas del municipio, y controlar una campaña política que ya están empezando a penetrar con corrupción, constreñimiento, amenazas y demás prácticas oscuras descaradamente utilizadas por la mafia Marín-Osorio.
¡Gracias, representante Juan Sebastián Gómez!