En una medida loable que representa el respeto por la independencia de poderes, un juez de Popayán negó la libertad condicional para dos “jóvenes” que fueron designados como gestores de paz por el presidente Petro, en aplicación de la ley 2272 y el decreto 2422 de 2022, dos disposiciones abiertamente inconstitucionales y cuyo significado es el rompimiento de la institucionalidad del poder judicial, y una peligrosa demostración de autoridad suprema y generación de impunidad para delincuentes amigos del presidente, que necesariamente desembocará en la dictadura que tanto temíamos los Colombianos.
Pero este hecho tiene un significado mucho más profundo: porque no es solamente el inicio de la aplicación de unas disposiciones perversas que se encuentran demandadas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sino la manipulación de las mismas para que, a través de triquiñuelas jurídicas, se les conceda la libertad a personas cuyos delitos no están ligados a los que originaron las leyes. En este caso, los dos “jóvenes” beneficiados están privados de la libertad por avasallamiento, en hechos cometidos en invasiones de predios en el norte de Popayán en 2022, lo que significa que están por fuera de los beneficios concedidos a los terroristas que asolaron el país durante el mal llamado estallido social del año 2021.
Y si los colombianos nos sentimos indignados por la impunidad para los terroristas que vandalizaron el país; quemaron, torturaron y asesinaron policías; asaltaron establecimientos públicos y privados; destruyeron sistemas de transporte masivo; acabaron con ciudades enteras; detuvieron la economía de Colombia; y cometieron toda clase de aberraciones terroristas, indigna mucho más que el propio presidente de la República pretenda meter gato por liebre y ordene la libertad de sus amigos delincuentes que ni siquiera tuvieron participación en estos hechos. Es decir, nos enfrentamos no solo a la impotencia de ver cómo manipulan desde el legislativo y el ejecutivo los parámetros legales para ordenar la libertad de peligrosos delincuentes, sino además al aprovechamiento ilícito del presidente de estos engendros jurídicos, en beneficio de sus amigos o copartidarios.
Pero más allá de estas consideraciones jurídicas -que de por sí son cansonas-, es doloroso saber que mientras en el mundo entero se captura, procesa y condena al delincuente, en Colombia se premia con libertad y con el pago de un salario. Que mientras la justicia mundial procura ejercer un control sobre el terrorismo y los actos criminales, en Colombia se incentivan mediante impunidad, libertad, perdón y remuneración económica. Que mientras en las democracias se conserva el respeto por los poderes públicos y se defiende su independencia, en Colombia se generan intromisiones “legales”, y reina la inseguridad jurídica por causa de los caprichos del dictador, y de un congreso tramposo que acomoda leyes a última hora para beneficiar a los peores enemigos de la institucionalidad.
¿Qué puede pensar un joven decente desempleado, sin recursos y sin prontuario, cuando ve que su búsqueda de trabajo es infructuosa y que las puertas se le cierran constantemente, mientras a los peores delincuentes les abren las puertas de las cárceles, les dan tratamiento de héroes y el Estado les garantiza ingresos de mínimo un millón de pesos mensuales? ¿Qué puede pensar un soldado, cuya remuneración equivale a menos del 30 % de un salario mínimo, cuando se da cuenta que los delincuentes son adoptados por el Estado y, además de la libertad, los premian con salarios tres o cuatro veces superiores a los de él? ¿Qué puede pensar un policía que expone su vida a diario por defender la nuestra, al ver que quienes quemaron vivos a sus compañeros, incendiaron Cais y trataron de asesinarlo, hoy su jefe supremo impone su libertad y ordena privilegios monetarios injustos y discriminatorios?
Cuando nos pase la anestesia producida por estas fiestas navideñas, vamos a despertar con la resaca de la implantación de una dictadura, y la aparición de unos derechos y privilegios concedidos por el propio Presidente, como recompensa a aquellos vándalos que hace apenas dos años se saciaban con la destrucción del país. ¡Despertaremos con la resaca de unos gestores de paz, que no es más que la injusticia total!