La pregunta que retumba hoy en el país es: ¿podrá haber paz en Colombia ante tanta injusticia e impunidad? Veamos: Juan, comerciante correcto de toda la vida, reconocido en el medio por su honestidad, cumplimiento, rectitud y decencia, fue víctima de una serie de extorsiones provenientes de grupos armados al margen de la ley, y de criminales reconocidos que llegaron a atemorizar la región y a exigir dinero semanal, so pena de atentar contra él o su familia. Las quejas oficiales de Juan fueron constantes: acudió a la Fiscalía, a la Policía, a la alcaldía y siempre encontró la indiferencia del Estado como respuesta, y la indolencia de las autoridades que se declaraban impotentes ante las órdenes y directrices de impunidad de la Presidencia.

Hoy Juan está desplazado. El deterioro del orden público lo hizo salir al “exilio” y abandonar sus esperanzas en medio de la nada, y dejar sus negocios cerrados a merced del tiempo y el descuido. Pero, además, y en forma increíble, la DIAN lo procesa por el no pago de unos impuestos, y se enfrenta a una orden de captura de la Fiscalía General de la Nación (FGN) por el delito de omisión de agente retenedor. Y en medio de su desespero, la respuesta que encuentra en la DIAN y la FGN, es: la única solución es pagar los dineros adeudados o, de lo contrario, la cárcel será inevitable.

¡Increíble! La ausencia del Estado causó la desestabilización económica y personal de Juan y lo sometió a circunstancias extremas de imposibilidades económicas; el negocio que le daba su sustento tuvo que ser abandonado, acabando con la única fuente de ingresos para él y su familia; sus deudas, remanente del negocio, tuvieron que ser desatendidas y entró en una cesación de pagos dentro de los que se incluyen las deudas con la DIAN. Y el único acreedor que lo procesa, lo acosa impaciente y lo priva de la libertad es el propio Estado causante de su debacle…

Pero, ¡más increíble aún!, hoy Juan ve que se premia con impunidad a las Farc y el Eln que asolaron su estabilidad; y convertidos en gestores de paz, pagados por el Estado, a los delincuentes que lo extorsionaban. Él no tiene un sustento estable y sus deudas no le permiten reiniciar su vida comercial, además del karma de esa orden de captura de la FGN que se convirtió en otra extorsión, pero del propio Estado. ¿Habrá paz en un país con estas iniquidades? ¿Podrá haber paz en Colombia cuando los criminales son premiados con impunidad y auxilios económicos, mientras la gente decente es revictimizada, acosada, amenazada y empobrecida por acciones u omisiones oficiales?

Miremos otro caso a gran escala: el Gobierno nacional firma un decreto designando como gestor de paz a un criminal con el siguiente prontuario: 12.315 homicidios en persona protegida; 2.050 desapariciones forzadas; 13.951 desplazamientos forzados; 880 crímenes compatibles con violencia basada en género; 9 reclutamientos ilícitos; 4.797 crímenes de guerra; entre otros… ¡Qué tal! Salvatore Mancuso llega entonces al país casi que en calidad de héroe, ascendido por el presidente Petro a prohombre con todos los merecimientos y consideraciones, sin importarle las víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este es otro desafío monstruoso de Petro que parece decir que sus pactos secretos están por encima de los derechos de las víctimas, y sus compromisos electorales prevalecen sobre la reparación efectiva planteada como columna vertebral de cualquier proceso de paz. Y que si Mancuso puede convertirse en arma efectiva para derrotar a sus enemigos políticos, bien vale la pena sacrificar a la justicia.

¿Cuántas personas se encuentran hoy condenadas por haber hecho uso de la legítima defensa y haber protegido su vida, honra o bienes, ante un Estado connivente con el crimen? Por una legítima defensa: 30 años de prisión; por un IVA dejado de pagar: 9 años de prisión; por miles de crímenes de lesa humanidad: impunidad, protección, lujos y curules en el Congreso de la República. ¿En estas condiciones, será posible la paz?