180 días prorrogables de cese al fuego bilateral y nacional firmado por el Gobierno y el Eln, cruciales para saber si negociamos “en círculo” o si, realmente, hay salida hacia la paz.
Lo sabremos tras la evaluación para su prórroga; pero se trata de un acuerdo enfocado a generar condiciones para que la población ejerza sus derechos dentro del cumplimiento al DIH, condición para una activa participación, sin amenazas ni hostigamientos, en la búsqueda de soluciones transformadoras que eliminen la excusa de la violencia como solución a los problemas del país.
Nunca se había logrado un acuerdo de este alcance con el ELN, y menos sobre “el corazón” del proceso: La Participación, con claras reglas de juego sobre cómo y en qué condiciones se silenciarán las armas, sin que la Fuerza Pública incumpla su mandato; y cómo y en qué condiciones se dará la participación social, sin vulnerar las instituciones.
Ahora bien, esas reglas incluyen mecanismos de monitoreo y verificación, con participación de la ONU, la Iglesia y los países garantes, así como un componente clave de “veeduría social”, pues son las comunidades que viven la zozobra de los fuegos cruzados y el “síndrome de la maleta lista” para desplazarse, las que tendrán información primaria sobre incumplimientos.
No obstante, la veeduría de las comunidades, sin un entorno de seguridad, es un ejercicio de inclusión, pero también un riesgo para quien denuncia. Cómo olvidar que, entre enero y abril, ya fueron asesinados 59 líderes sociales.
La seguridad es esencial, como “la pedagogía”, que el Acuerdo sobre participación plantea como elemento central. En un país sin cultura de participación, más allá del bloqueo y la marcha callejera, debemos alentar la participación efectiva, que solo es posible con una actitud de “ventanas abiertas”, pues solo una sociedad informada sobre las reglas pactadas para lo prohibido y lo permitido durante el cese, podrá identificar incidentes de incumplimiento y denunciarlos con las garantías debidas de seguridad.
Informar y promover la participación es mi compromiso como miembro de la Mesa y dirigente gremial, y debe ser el del Gobierno, de todos los sectores y, sobre todo, de los medios, que auscultan a diario y conocen la realidad de violencia en territorios.
La veeduría social al cese al fuego como expresión de participación, de lograrse, será una señal positiva para avanzar en la unión de voluntades hacia la construcción “participativa” del “Gran Acuerdo Nacional” para lograr desarrollo con equidad, que es sinónimo de paz; un  Gran Acuerdo que no surja de una mesa de negociaciones ni del Olimpo del liderazgo político, sino construido entre todos en el valle donde compartimos la inseguridad y sus causas, con el narcotráfico en primer lugar.
Amanecerá en 180 días y veremos con mayor claridad las posibilidades de la paz, mientras tanto, prefiero el optimismo.