El país atraviesa una tormenta de violencia alimentada por economías ilícitas en los territorios, que se expande a las ciudades, atacadas por el microtráfico; una violencia que afecta a los más vulnerables, a “la gente” con nombres, rostros, historias de vida… 
De ahí la responsabilidad del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego con el ELN, que registra 31 incidentes a 15 de agosto, incluidos 5 asesinatos y las amenazas al Fiscal, aunque aún no figuran el general Zapateiro ni María Fernanda Cabal. 
En medio de esta situación se instala, el 14 de agosto, el IV ciclo de negociaciones y el jefe de la delegación gubernamental, Otty Patiño, lanza un mensaje esperanzador a las comunidades afectadas por la violencia y el abandono: “Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el de la gente”.
El mismo día, en Popayán, el presidente Petro lanza una estrategia de tres puntos, en la línea del “piloto de transformación” que venimos proponiendo. 
Primero: la sustitución con dinero público de la economía ilícita cocalera, por economías lícitas agropecuarias, propuesta exitosa si se acompaña de dotación de bienes públicos, que garantice la integralidad que siempre ha faltado en las soluciones.
Segundo: La Fuerza Pública como eje central de esa sustitución, con el apoyo de las comunidades, para paralizar la economía ilícita hasta su agotamiento. 
Tercero: cualquier negociación con grupos armados deberá priorizar, “antes que cese al fuego, un cese de hostilidades a la población civil”, que no pueden ser permitidas como antesala de un acuerdo de paz, en un claro mensaje a las disidencias de las Farc.
En ese mismo sentido se firmó el Acuerdo de cese al fuego con el ELN y los protocolos que lo desarrollan, con una referencia explícita a los derechos y libertades de la población, expresada en dos aspectos: 
Primero: Incorporan el Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a las acciones y prohibiciones del Protocolo II de Ginebra (1977), para la protección a la población civil.
Segundo: Al estar enmarcados en el régimen constitucional vigente, no inhiben el mandato a la Fuerza Pública y las autoridades para perseguir actividades ilícitas en todo el territorio. 
Finalmente, la ONU, en su Manual de Mediación del Cese al Fuego reconoce que “Los acuerdos de cese al fuego efectivos no solo consisten en detener los combates entre los beligerantes, sino que protegen a los civiles y permiten el acceso humanitario a poblaciones vulnerables”, una posición clave en su papel de parte y vocera del Mecanismo de Monitoreo y Verificación; una garantía para las esperanzas de paz.
Porque los términos de la paz se negocian y se firman, pero la verdadera paz, la paz con rostro, se construye a partir de transformaciones que cambien la vida de las personas. 
Por eso hoy estamos en “la hora de la gente” y el Mecanismo es su garantía.