La elección popular de alcaldes y gobernadores, y la remuneración a concejales, fue una conquista democrática plausible, pero en la práctica lesiva para el buen desempeño de las administraciones regionales, como en muchos casos está demostrado. Gobernadores y alcaldes se creyeron reyezuelos, insuflados por la votación popular, cuyo origen y legalidad tiene más dudas que certezas.  Candidatos a gobernaciones y alcaldías, más que el apoyo honesto y sincero de las comunidades, tienen patrocinadores con los ojos puestos en presupuestos, burocracia y contratos de diversa índole; y en las regalías por explotación de minerales e hidrocarburos, en aquellas regiones donde existen tales recursos naturales.
Una sana y justa medida del gobierno del presidente J.M. Santos (2010-2018), invocando que los recursos del subsuelo son patrimonio nacional, dispuso que las regalías se irrigaran en todo el país, lo que impidió que fueran, en Arauca, Guajira y similares, botín exclusivo de guerrilleros, paramilitares y contratistas inescrupulosos, aliados de políticos corruptos. Tal medida sirvió para que municipios de todo el país adelantaran obras esenciales para su desarrollo.  
Como de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, según dice el refranero popular, la plausible intención democrática del constituyente del 91 se convirtió en una forma de atornillarse en sus cargos funcionarios sin las condiciones de idoneidad indispensables para un buen desempeño, cuya remoción está sometida a complicados procesos, que en los casos en que son exitosos, que son pocos, casi siempre exceden el período de los elegidos en entredicho.
Injusto sería desconocer que hay personas que aman a sus pueblos y les quieren prestar un servicio abnegado y eficiente, para lo cual es una buena oportunidad ser gobernadores o alcaldes. Pero si logran ser elegidos no faltan perdedores que estarán pendientes de buscarles la caída, aferrados a cualquier sutileza en un procedimiento administrativo, para lo cual buenos recursos son tutelas y testigos y documentos falsos.
En cuanto a los concejales, antes de asignarles honorarios, había que rogarles a las personas más prestantes de los municipios para que aceptaran ser ediles, lo que hacían ad honorem, con desprendimiento y espíritu cívico, como veedores del buen desempeño de los alcaldes, gestores de emprendimientos para el bienestar de las comunidades y custodios de los recursos públicos. Ahora, cuando los concejales son remunerados, la rapiña por esas curules, que de honoríficas pasaron a lucrativas, tiene que ver con pagar favores a carga-ladrillos de políticos, favorecer a burócratas que necesitan ajustar tiempo para jubilarse y acoger a varados, que como concejales escampan, mientras les resulta un puesto mejor.  
Es bueno y oportuno decir estas cosas por la proximidad de las elecciones regionales, para que la gente vote bien y no tenga que lamentarse: “tropecé de nuevo y con el mismo piedra”.