La política es, entre muchas cosas, el arte de esconder falacias en medio de verdades que se muestran irrefutables. Esta parece ser la consigna con el precio del combustible en Colombia. Permítanme adentrarme en este laberinto y desentrañar los entresijos de una realidad que nos consume.
El 7 de agosto de 2022, cuando el barril de petróleo en los mercados internacionales tocaba las alturas majestuosas de los 90 dólares, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con su ingeniosa fórmula tarifaria, estableció un precio máximo por galón de 9.515 pesos colombianos para la ciudad de Manizales. Pero que no se nos olvide cómo se componía esta opulenta carga: 5.384 pesos correspondían al ingreso del productor y 4.131 correspondiente al 76.72% del precio base, estaban destinados a engrosar las arcas del estado mediante impuestos, contribuciones, sobretasas y márgenes. Todo un sistema prohibitivo. 
Sin embargo, en el trascurrir del tiempo y bajo el estandarte del cambio, la situación fáctica se ha deteriorado. En junio el barril de petróleo, en su caída inexorable, rondaba los 75 dólares, es decir, un 17% menos que en los albores del gobierno. Y, sin embargo, a los consumidores se nos obligó a desembolsar un 34% adicional al precio establecido el 7 de agosto pasado. ¡Sí, un 34%! Sumado al 17% de reducción en el precio del crudo a nivel internacional, nos encontramos con un incremento despiadado del 51% sobre un galón que ya se había vuelto oneroso de por sí.
El gobierno, con su ya conocida retórica, ha justificado este incremento progresivo en el desmonte de los subsidios a los combustibles, dado que del presupuesto nacional venía auxiliando a los productores de petróleo de Colombia, principalmente a la poderosa Ecopetrol, que se niegan a vender sus productos a un precio competitivo y acorde con la extracción y exigen ser remunerados de acuerdo con los precios internacionales. Sí, somos un país productor de crudo y, paradójicamente, pagamos la gasolina como si nuestras alforjas se llenaran con valiosos dólares o euros en cada jornada laboral, y no con los devaluados pesos que hoy se hayan depreciados.
Pero el drama no se detiene ahí. Cada uno de los componentes que contribuyen a este desorbitado incremento en el precio del combustible ha sufrido aumentos desmesurados. Mientras que el 7 de agosto de 2022 los combustibles soportaban un sobrecargo de 4.131 pesos, el 2 de junio de 2023 estos sobrecostos ascendían a 4.617 pesos por galón, representando un incremento del 10.53% solamente en los impuestos que el gobierno recibe.
La realidad es que, con esta medida, el gobierno del cambio no solo se deshace del controvertido subsidio, sino que, además, engorda sus arcas con un nada desdeñable 10.53% a la ya onerosa carga tributaria existente. Este drama sería soportable si nuestro país tuviera una distribución racional, equitativa y justa de los impuestos que todos los colombianos pagamos. Tristemente, es solo una utopía lejana. En su lugar, nos encontramos con un Ministerio de la Igualdad que dilapidará 500 mil millones al año en una burocracia excesiva y duplicando funciones que hoy tienen otras entidades, subsidios a criminales a cambio de no asesinar a la población civil dejando la sensación en la juventud que “ser pillo paga”, e incluso la posibilidad de financiar a grupos armados a cambio de no sacrificar vidas de inocentes víctimas. 
Pareciera que, con cada medida adoptada, nos venden humo. Ese humo no solo diluye los ideales de cambio, sino también las esperanzas de las familias trabajadoras, quienes, con los brazos caídos, solo pueden observar cómo su país se desmorona bajo el peso de decisiones injustas.