Las distintas encuestas de opinión evidencian que la ciudadanía señala la inseguridad como uno de los principales problemas que la afectan. 
En los últimos ocho años hay un aumento sostenido en el número de homicidios. En cuanto a este delito, 2023 la Fiscalía ha reportado un aumento de 5.2% en estos casos en el comparativo de 2023 con el año 2022. 
Hasta mayo de 2024 cifras del Ministerio de Defensa reportó 5.227 homicidios. 
En otros delitos como la extorsión, hasta mayo de 2024 se habían reportado 5.016 casos, con un aumento del 28.8% comparando el mismo periodo de 2023. 
El delito de mayor impacto en las ciudades sigue siendo el hurto, con un crecimiento que debe prender las alarmas de las autoridades, pues, según Mindefensa, la tasa de hurto a personas en el país pasó de 205 por cada 100 mil habitantes en 2014 a 748 por cada 100 mil habitantes en 2023, es decir, un crecimiento de 265% en 10 años, y con tendencia ascendente. 
Esa tasa de hurto a personas en Medellín, Cali y Barranquilla se ubicó en niveles entre 800 y 1.000 hurtos por 100 mil habitantes en el 2023, mientras que en Bogotá la tasa de este delito alcanzó un nivel máximo histórico de más de 1.800 atracos por cada 100 mil habitantes. 
En cuanto al hurto de vehículos la tasa en las cuatro principales ciudades en los últimos años se ha incrementado en un 35.2%, mientras que para el total nacional este aumento ha sido del 38.6%, es decir, va al alza. 
El problema es que no se ve que el Gobierno nacional tenga una política de seguridad ciudadana clara que ayude a luchar contra los diferentes delitos que afectan y preocupan a los ciudadanos, y este factor, más allá del estado de preocupación que genera, tiene costos adicionales que deben asumir los ciudadanos y las comunidades. 
El costo de la incertidumbre en Colombia es muy alto en lo económico, lo social y lo humano. En lo económico el BID calcula un impacto de 3,5 del PIB anual, en lo social hay un impacto difícil de cuantificar en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos y en lo humano es imposible valorar los centenares de muertos que genera la inseguridad, especialmente entre jóvenes y mujeres. 
Entre los costos hay que evaluar también el valor adicional que deben asumir los ciudadanos  para cambiar comportamientos cotidianos con el fin de evadir entornos inseguros, o lo que gastan los hogares en medidas de protección, o la reducción de inversiones de las empresas por esta causa afectando el empleo o los ingresos, o los recursos adicionales que debe asumir el sector productivo para protegerse y cuyos montos incluyen en sus productos haciéndolos más costosos para el consumidor o los presupuestos que el gobierno debe asignar a esta problemática quitándosela a otros rubros más impactantes como infraestructura, salud o educación. 
Como ven, la delincuencia es algo que trasciende la individualidad de la víctima y sus consecuencias se extienden a la sociedad entera disminuyendo sus posibilidades de progreso y bienestar. 
Hay que devolverles la tranquilidad a las ciudades para viabilizar el futuro de nuestras comunidades. Así de simple.