Uso el singular en el título porque en esta columna voy a abordar el futuro de una política pública en específico, sobre una característica que se ha vuelto costumbre en lo público, construir políticas públicas sin entregar recursos, lo que indiscutiblemente ha demostrado de manera clara que su impacto en la población es casi nulo.
En el Artículo 22 del Acuerdo 1162 del presente año, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de Manizales, quedaron consignadas varias políticas públicas que se deben formular en los próximos años, entre ellas está la Política Pública del Libro, que con la exitosa finalización de la edición 15 de la Feria del Libro y las 16 mil personas aproximadamente que estuvieron presentes, es necesario tenerla en la agenda pública para la próxima discusión del presupuesto que empezará en el mes de octubre, evitando así que se posponga esta discusión hasta finalizar este Gobierno.
Una política pública del libro siempre será bienvenida, y sobre todo necesaria en tierras en las que leer no es un hábito muy consagrado. Generar espacios y estrategias para que los indicadores de lectura aumenten debe ser uno de los propósitos principales de esta Política Pública. Pero también la posibilidad de que nuestros escritores tengan el apoyo y la oportunidad de desarrollar sus obras es un reto fundamental.
Sabemos del ecosistema del conocimiento que tenemos en el municipio, conocemos sus fortalezas y necesitamos mayor apoyo del sector público para que su impacto sea más grande y pueda llegar a muchos más rincones donde hoy ni la lectura, ni ese ecosistema del conocimiento ha podido llegar; y para eso necesitamos presupuesto. Nos emociona mucho la posibilidad de tener una Política Pública del Libro y por eso apoyamos su aprobación, pero políticas públicas sin plata, como pasa en la cotidianidad, no sirven de nada.
En este sentido, en la discusión del presupuesto, necesitamos no solo la voluntad política de la Administración, que ya ha dicho que la tiene, sino también de la participación de las diferentes partes interesadas y de los grupos de interés directo de esta Política Pública, para que nos acompañen en el Concejo a dar las discusiones y generar una fuerza social significativa que permita una importante suma de dinero para que su formulación y plan de acción tengan un impacto real.
Esto, porque otro vicio que se ha incrustado, sobre todo en la administración pública, es que a cualquier documento, por capricho de quien lo escribe, o creyendo que sus interlocutores son ignorantes en el tema, se le llama política pública, y cuando ese documento se lee, pierde credibilidad porque se nota la falta de rigurosidad y método para elaborarla, lo que sin lugar a dudas, entorpece el ciclo de las políticas públicas, que busca la legitimación en su construcción, con el apoyo de toda la comunidad interesada y directamente afectada.