Con frecuencia escuchamos decir, o decimos, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Eso no es cierto; repetir mentiras no las convierte en verdad, pero sí confunde y afecta la confianza en las fuentes de información. Insistir en la repetición de falsedades y en las medias verdades en lo público normaliza la desinformación y debilita la confianza en las relaciones sociales y en las relaciones de la ciudadanía con el Estado.
En condiciones de desconfianza, creadas a propósito, resulta fácil poner en marcha “jugaditas” que, sumadas, pavimentan el camino para eliminar política y jurídicamente a quienes asumen posiciones que incomoden los poderes establecidos. Eso ya ha sucedido en Ecuador (Lucio Gutiérrez -2005), Honduras (Manuel Zelaya -2009) Paraguay (Fernando Lugo -2012), Brasil (Dilma Rousseff -2016), Bolivia (Evo Morales -2019) y Perú (Martín Vizcarra -2020), todos ellos gobernantes progresistas que incomodaron los intereses de los grupos con poder económico y mediático.
¿Cómo funciona? Los poderes económicos, aparentando defender la democracia, presionan para desestabilizar al gobierno; las élites políticas orquestan ataques coordinados, disfrazando sus intereses como defensa de la institucionalidad; los medios de comunicación corporativos repiten narrativas que distorsionan los hechos o sesgan su interpretación, creando una percepción de crisis constante, y las instituciones (judiciales, legislativas, de control y/o las de seguridad), lejos de ser imparciales se alinean con los sectores que buscan debilitar al Gobierno.
Entonces se teje un relato de caos institucional que justifica casi cualquier cosa, y se materializa un golpe blando que erosiona la legitimidad del gobierno desde dentro, aprovechando las estructuras del propio Estado. En ese ambiente de guerra jurídica el aparato mediático fortalece el discurso opositor y confunde a la ciudadanía. El resultado es que se deslegitiman gobiernos con procesos amañados.
Si queremos evitar que poderes ocultos y relatos amañados sean los que definan si un gobernante se queda o se va, como ciudadanos debemos saber que somos la fuente del poder político y la razón de ser del Estado, y debemos reclamar que el Estado sea administrado por la gente que nosotros elijamos para ello. Como garantía debemos promover la exigencia de buenas prácticas públicas político-administrativas, como por ejemplo: promover la educación cívica y política ciudadana; garantizar la transparencia gubernamental; facilitar el acceso ciudadano a la información y permitir y fomentar la fiscalización ciudadana a la gestión pública, y el compromiso con la ética en el servicio y en el manejo de los dineros públicos.
Si lo logramos, vamos a desmitificar la imagen de mesías y benefactores con la que los mafiosos politiqueros corruptos manipulan y subordinan a las mayorías, aprovechándose de sus necesidades y manoseando las escasas oportunidades estatales para lograr condiciones de vida digna. De esta forma recuperaremos la confianza ciudadana en el Estado y en sus instituciones, y lograremos que se respeten las decisiones que tomemos sobre la sociedad que queremos, el modelo económico que nos conviene y la gente que nos gobierne.
Coletilla: el cambio desacomoda la realidad, pero eso no significa que la nueva realidad sea falsa, ilegal o peligrosa, simplemente por ser distinta.