Comenzamos el año con una noticia indeseable en materia económica. El gobierno nacional ha anunciado una nueva reforma tributaria con la intención (¿…disculpa…?) de reducirle el impuesto de renta a las empresas, o impuesto corporativo, para incrementárselo a las personas naturales. Desde el punto de vista técnico, por supuesto que es deseable reducir el impuesto de renta a las empresas que está hoy en el 35%, la más alta tarifa entre todos los países OCDE. La intención del gobierno es llevarla al 30%, lo que traería innumerables beneficios para el sector productivo, el empleo, la competitividad, y en general para la dinamización de la economía. Ello es indudable.

Según la OCDE actualmente en Colombia la relación de tributación empresas/personas naturales es de 80/20, es decir que las empresas aportan el 80% del total del recaudo por impuesto de renta, mientras que las personas naturales aportan el 20%. Ello dista mucho de países como Chile (39/61), México (50/50), Brasil (55/45) o, incluso, Perú (70/30). En EE.UU. la proporción es del 12/88, mientras que en el conjunto de países de la OCDE es 30/70. Es decir que, en términos objetivos, resulta sensato que en Colombia se piense en invertir la carga de la tributación.

Pero si miramos la otra cara de la moneda, la parte dura del asunto está en subir la tributación a las personas naturales. El gobierno ha dicho que solamente será para los “altos salarios”, sin detallar quiénes entrarían en este grupo. Según palabras del ministro Bonilla, cualquier punto que se reduzca el impuesto de renta corporativo significa una caída en el recaudo cercana a $2 billones, es decir que reducirlo del 35% al 30%, 5 puntos, le implicaría a las personas naturales sacar de su bolsillo algo así como $10 billones anuales adicionales a lo que ya pagan. Habrá que precisar el punto de arranque de un “salario alto”, porque para reponer los $10 billones dejados de cobrar a las empresas, el incremento en las tasas de tributación para las personas naturales empezaría a rayar con lo confiscatorio.

Ante esto surgen varios interrogantes: ¿Qué significa “salario alto” para el ministro? ¿Se le olvida acaso que las reformas tributarias de los últimos 20 años les han cargado la mano a las personas naturales? ¿Será que para balancear el recaudo se incrementará la carga tributaria a más personas, incluyendo a la verdadera clase media? ¿Será necesario tocar el IVA para cuadrar las cuentas? Lo sensato sería esperar el borrador del proyecto para comentar los detalles, pero, a priori, no luce fácil que el gobierno logre cerrar las cuentas de sus finanzas que, dicho sea de paso, no pasan por su mejor momento. 

Y es que en los últimos meses el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dejaron sin sustento jurídico algunos artículos que concentraban el grueso del nuevo recaudo esperado de la pasada reforma tributaria. Tal es el caso de la declaratoria de no deducibilidad de las regalías para el sector minero-energético, así como de las modificaciones al Régimen Simple de Tributación. Estos reveses en los tribunales le supondrían al erario dejar de percibir alrededor de $7 billones anuales. Y a semejante cifra sumémosle otra incierta que, insólitamente, avaló el ministerio de Hacienda en el presupuesto para 2024: $15 billones provenientes de ingresos por “arbitramentos y litigios”. Un hueco en el presupuesto que superaría los $20 billones.

¿Será que además de invertir la carga de tributación empresas/personas naturales, también subirían otros impuestos para tapar semejante hueco? ¿Acaso son de poca monta las reformas pensional, laboral y a la salud que actualmente se tramitan en el Congreso para embarcarse en una nueva tributaria? Amanecerá y veremos.