La semana pasada el actual Gobierno presentó ante los principales gremios económicos nacionales el tan esperado Plan de Reactivación Económica. Y digo “tan esperado” pues el clamor del sector productivo nacional ha sido constante en los últimos dos años, pidiéndole al Estado colombiano que ponga en marcha acciones concretas para revertir el franco deterioro de la economía nacional.
Clamor que parecía desvanecerse ante los “oídos sordos” del Gobierno nacional, que se negaba a reconocer que efectivamente la economía venía (y viene) en franco deterioro. Por eso, el simple hecho de que haya decidido “lanzar” dicho plan, se constituye en una aceptación tácita de la urgencia de ponerle la cara a los evidentes signos de estancamiento de la economía. Y por ello hay que reconocerle al Gobierno la voluntad para estructurar y ejecutar (aunque tardíamente) esta iniciativa que, dicho sea de paso, se queda corta frente a la magnitud de la situación.
El Departamento Nacional de Planeación -DNP- encargado de estructurar este plan de reactivación económica, si bien no ha expedido la respectiva documentación para la asignación y ejecución de los recursos requeridos para su implementación, ha señalado que la idea es priorizar algo así como 2.300 proyectos productivos a nivel territorial que se ubiquen dentro de alguno de los siguientes siete pilares: reindustrialización, turismo, energía, conectividad digital, infraestructura, campo productivo y vivienda. El plan sería “fondeado” con recursos que ascienden a casi 17 billones de pesos del Sistema General de Regalías, apropiados a distintas entidades territoriales, pero que actualmente se encontraban congelados.
Frente a todo este panorama, lo primero es indicar que si bien se trata de una cifra considerable, lo cierto es que el monto se queda corto frente a la necesidad que tiene la economía de contar con recursos frescos y cuantiosos en sectores estratégicos que le ayuden a encontrar la senda de la reactivación. En estas circunstancias se debería dar prelación a la inyección de recursos en sectores de la economía que exhiban altos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. En otras palabras, que tengan un gran efecto multiplicador en términos de generación de empleo, inversión y consumo.
Y si bien es loable que entre los pilares formulados estén incluidos sectores como los de industria, vivienda e infraestructura, que gozan de elevados encadenamientos, queda el sinsabor de no ver allí a sectores estratégicos, como el de hidrocarburos o el de comercio minorista; especialmente este último, que viene atravesando uno de los peores bienios de su historia reciente (miremos nada más las lamentables cifras del mercado automotor).
Vuelvo a insistir en que es necesario que el Gobierno tome acciones más decididas para lograr darle la vuelta al aciago panorama económico. Ha quedado demostrado que la carga impositiva está ahogando la iniciativa privada. No sólo una futura reforma tributaria debe reducir la tasa de impuesto a la renta corporativa hacia niveles competitivos (entre el 25 y el 30%, como es el estándar entre los países de la OCDE), sino que el Gobierno debe diseñar estrategias, entre otras, que le permitan al comercio minorista salir de su estado crítico, así como reactivar el sistema de subsidios a la vivienda.
Pero, más importante aún, debe enviar mensajes y señales de responsabilidad fiscal, macroeconómica e institucional. Por lo menos ya ha reconocido, aunque indirecta y tardíamente, que la economía no anda bien y que necesita un “timonazo”. Prueba de ello es el plan de reactivación que acaba de lanzar. Lástima que no sea lo suficientemente contundente como para “mover la aguja” de manera significativa.