El proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno a consideración del Congreso adolece de 7 fallas capitales en materia de presupuestos.
Falta de transparencia en su elaboración. Fueron pocas las consultas al respecto, fue el Gobierno, encerrado, el que generó el proyecto, los niveles de participación popular, a que tanta referencia demagógica hace el Gobierno, no estuvo tan presente. Los ideológicos hicieron el presupuesto pasando por encima de los técnicos. Por su puesto no hablaron con la opinión pública académica.
En segundo lugar, las prioridades del gasto están desubicadas. Se dio rienda suelta para el gasto de funcionamiento por encima de la inversión, con lo que se termina dispersando recursos en burocracia y subsidios, pero sin sembrar para el futuro vía inversión. Hay problema en la definición de prioridades de fondo.
Se niega la sostenibilidad fiscal. Un presupuesto desbalanceado que se presenta con una ley de financiamiento en paralelo para tapar el hueco, con el anzuelo de la rebaja escalonada del impuesto a las empresas. Prometen, en esa segunda reforma tributaria de este Gobierno, tocar únicamente los bolsillos de las personas naturales más solventes, lo que implica progresividad en el sistema tributario, que es bueno. La sostenibilidad fiscal debió haber sido obtenida también vía reducción del gasto de funcionamiento, especialmente de las entidades menos relevantes e inoficiosas como la Procuraduría, la Contraloría, la frondosa burocracia del nuevo Ministerio de la Equidad…
En cuarto lugar, el impacto social logrado con el presupuesto está generando grandes subsidios que no desarrollan capacidades en la población. Y este es el problema más grave, pues se destinan recursos que pueden generar en el futuro barrera de motivación para el trabajo y el emprendimiento. Qué pesar que no focalizara en vivienda y educación, y en pagar los déficits del sector salud que están resquebrajando el sistema.
Caída en la eficacia del uso de los recursos. En un país con tantas limitaciones de recursos deberíamos ser muchísimo más exigentes con la eficacia del gasto que se hace. No hay mayor esfuerzo de cuidado al respecto.
Sexto lugar, lánguido futuro de inversión en infraestructura que genere incrementos reales en la competitividad del país y especialmente de su sector productivo. Petro pasará como el enterrador de la conectividad vial del país. Soñando con trenes elevados, nos dejará perdidos en el aire y las carreteras colapsadas.
Y finalmente, para completar las siete fallas, algunos dirán pecados capitales, un presupuesto sin una estrategia anticorrupción. Luego de los escándalos de corrupción en distintas instancias gubernamentales, habría la responsabilidad moral y política de establecer estrategias efectivas y drásticas para detener la corrupción. Pero la realidad es que estamos ante una profundización de la corrupción.
Estas y otras han sido las razones para el empantanamiento en el Congreso. Por ello, hay que entender que el Congreso haya detenido el proyecto. La alternativa que consagra la Constitución es la del decreto gubernamental, que deja por fuera al Legislativo.