Con un escueto comunicado se anunció que habían sacado al rector de la Universidad del Rosario, una de las más antiguas del país. En efecto, con dos líneas comenzó el proceso de respuesta a la comunidad educativa que pedía la salida del rector. Para el sistema universitario privado esta situación plantea puntos de reflexión.
Primero la importancia de tener fuertes los gobiernos corporativos en las universidades. Y este ha sido uno de los puntos más débiles en las acreditaciones institucionales, sin que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) ni el Ministerio de Educación le pongan todo el cuidado. Creemos que para la sanidad de las universidades (tanto públicas como privadas) es vital tener un gobierno corporativo sólido, pues este es el que le da legitimidad y gobernabilidad. Este aspecto debería ser revaluado por el CNA y por el Ministerio. No es la primera vez que nos ocurre, antes del Rosario pasó con la Sergio Arboleda, ambas acreditadas institucionalmente por el mismo CNA. Y en Colombia no pocas universidades privadas están capturadas por laberintos familiares con muy débiles gobiernos corporativos. Un tema puntual es el de los conflictos de interés y su manejo transparente.
En segundo lugar, la democracia en los procesos de designación de los rectores. Este aspecto se supone que debería haber quedado en la ley estatutaria de educación, pero no está suficientemente previsto. Y es fundamental dar una mayor participación a la comunidad educativa, tanto de profesores, egresados como de estudiantes. ¿Hasta qué punto? Sería bueno observar modelos en el mundo y evaluar las distintas experiencias que se han tenido en el país. No creo en la elección directa, pero sí que sea mayor la participación y peso de esos estamentos en consejos directivos. Estamos pues hablando de la composición de consejos.
En tercer lugar, uno de los ruidos que generó la crisis del Rosario fue el manejo económico de la Universidad. Allí hay que ser muy cuidadosos, pues los dineros de las universidades privadas son fundamentalmente provenientes de las matrículas de estudiantes, es decir recursos de un servicio público. Los recursos se deben manejar con pulcritud y eficiencia. Esto segundo fue lo que faltó en ciertas decisiones del Rosario. Y es la tensión entre la inversión en lo académico (que en muchos casos es gasto corriente) frente a la inversión en planta física (que sí queda activado en los balances). En este frente la falta de desarrollo de indicadores propios de gestión de las universidades privadas es lamentable. Si existieran los indicadores, algunas universidades que son realmente negocios y hasta de multinacionales no podrían operar tan olímpicamente como ocurre en el país. Aquí hay que desarrollar modelos de seguimiento tecnificados. Esta era una de las funciones de la Superintendencia de Educación Superior que se ha planteado en varias oportunidades sin eco en las universidades ni en el ministerio.
La salida del rector Cheyne da para pensar mucho en cómo fortalecer los gobiernos corporativos en las universidades. Y esperar que la nueva administración del Rosario la saque de este impase y la vuelva a poner en su importante lugar para bien del sistema educativo nacional.