Conocer la historia nos permite, en algunos casos, no repetirla. Por ello, es muy pertinente hacer el análisis de cuáles fueron las condiciones que rodeaban al sector eléctrico del país hace 30 años y que dieron como resultado el terrible apagón en los años 1992-93. Colombia no quiere repetir ese tiempo de apagón.
Lo primero que hay que decir es que se trataba de un sistema 100% estatal, que desafortunadamente estaba totalmente permeado por las fuerzas políticas y que implicaba un manejo no técnico de muchas de las empresas en el sector. Con el paso del tiempo y luego el apagón, el sistema hizo un tránsito muy importante gracias a las leyes 142 y 143 de 1994 que dieron las nuevas reglas de juego para los servicios públicos en general y para el sector eléctrico. Esto llevó a que el sector haya dejado de ser solamente estatal y que en la actualidad sea mixto, donde hay algunas empresas totalmente estatales, otras totalmente privadas y otras mixtas manejadas por privados con participación pública y otras manejadas por lo público, pero con participación privada. Tenemos una nueva una nueva fisonomía en la propiedad del sector: Mixta. Por ello, las tendencias de regulación que puedan llevar a que, poco a poco, la inversión privada comience a marchitarse en el sector, nos puede llevar a una propiedad estatal del sector, que ya sabemos adónde nos puede conducir: a la ineficiencia y a los apagones.
Una segunda característica de hace 30 años era que no había un sistema de incentivos para terminar los proyectos lo que generó una pérdida de dinamismo en el sector que debe asegurar la satisfacción de la demanda creciente por energía de nuestro aparato productivo y de las viviendas. Uno de los incentivos más importantes es asegurar la rentabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas. Eso se logró en los últimos 30 años. Por ello, es muy preocupante que se pierda esa seguridad para que puedan asegurarse esas inversiones porque sencillamente la oferta energética se nos queda pequeña frente a la demanda.
En tercer lugar, hace 30 años, el 30% de la deuda externa del país correspondía al sector eléctrico, es decir, era un sector eléctrico que vivía al debe, y que estaba al vaivén de las tasas de interés. En la actualidad el sector cuenta con muchísima inversión privada y eso ha permitido que el apalancamiento del sector no sea con deuda pública, sino con inversión privada, lo que libera al estado para apalancar otras necesidades.
Finalmente, uno de los puntos centrales de hace 30 años era que las tarifas aprobadas por lo que se llamaba en su entonces la Junta Nacional de Tarifas no cubrían los costos de operación. Y esto tiene que ser muy importante y tenerlo en cuenta, ahora que se ha hablado de la intervención y las tarifas de la energía. Éste es un tema muy sensible y con una vulnerabilidad muy grande frente a autoridades populistas que quieran cambiar la estructura tarifaria en contravía de la estabilidad del sector. A este respecto la experiencia que se ha tenido con la CREC, donde hay presencia de los ministros de Hacienda y Minas y del director de Planeación Nacional, juntamente con comisionados independientes, ha brindado estabilidad a las reglas del juego para los actores del sistema. Seguramente hay que seguir afinando las fórmulas para evitar sobresaltos y distorsiones. Pero no desconocer el sistema que ha permitido dar una estabilidad importante.
Podríamos resumir que el apagón se dio en un contexto de una propiedad estatal del sector, de un control de tarifas populista y de endeudamiento externo del sector. Luego del apagón hemos vivido una historia de desarrollo del sistema y de una respuesta bastante positiva al crecimiento de la demanda y una satisfacción con confiabilidad del servicio, gracias a un sector mixto (que se controlan mutuamente privados y públicos), con tarifas con subsidios cruzados para beneficio de la población más necesitada, pero que reconocen los costos del sector. No repitamos la historia del apagón, más bien mejoremos la nueva historia que hemos construido entre todos.