Determinar que la guerra no es el camino, que es indispensable sacar las armas de la política, convertir la paz en un propósito superior nacional, que su búsqueda debe ser territorial, y que se debe garantizar la participación de las regiones, son algunas de las recomendaciones que la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición expuso en su informe final.  
Siguiendo este camino, la Corporación La Paz Querida realizó en Bogotá, a mediados de enero, un encuentro denominado Programa nacional de coexistencia pacífica en democracia. Hombres y mujeres de ocho territorios: Cali (junto con algunos jóvenes), Caquetá, Boyacá, Chocó, Bucaramanga, Nariño, Cordillera y Cartagena, se sentaron a las mesas a conversar sobre sus agendas territoriales. Fue un vital ejercicio de re-conocimiento en el que expusieron qué compromisos hechos, en sus agendas, desde el 2021, habían podido cumplir y cuáles no.
Es cierto que cada territorio tiene sus propias particularidades, unos han sufrido más que otros los crueles avatares de la guerra, pero también es verdad que hay hechos comunes a todos. Los campesinos -sobre todo ellos- con suma facilidad hablan de la “otra Colombia”: ésa en dónde la soberanía (tantas veces pregonada y escrita en la CPC /91) no tiene lugar alguno, y la única presencia del Estado (no en todos los territorios) es militar; y en donde las violencias se convierten en maneras de resolver los conflictos. Muchos hablan de un “Estado fallido”, toda vez que este país es muy vulnerable al conflicto armado y a la disfuncionalidad social. 
Si se hace otra lectura de esta situación es factible caer en la cuenta de que aquí el Estado realmente no está constituido de manera integral por instituciones abstractas, sino por prácticas e intereses de grupos particulares. Y son éstos los que terminan por controlar todo, entre otras cosas, el diseño de políticas públicas a su amaño. A mi juicio, es aquí, en donde los ciudadanos de los territorios deben centrar el debate, es decir, no es sobre la ausencia o presencia del Estado realmente, sino en la manera cómo estos grupos de poder, que aparecen como si fueran el Estado, ejercen históricamente, a través de sus prácticas, la soberanía y los destinos de los ciudadanos.
Es indispensable que en los territorios la ciudadanía se siente a conversar y a comprender cómo diseñar estrategias para enfrentar estos fenómenos de desarticulación, conflictividad e inaccesibilidad que vive y que, sin duda alguna, son obstáculos muy fuertes para la integración y el desarrollo nacional. Es necesario pensar seriamente sobre esa “otra Colombia”, esos territorios desconocidos, que algunos expertos denominan “territorios incógnitos”, en dónde no se tiene claro qué y cómo desarrollar, por ejemplo, procesos de gobernanza (Boaventura de Sousa Santos me pone a pensar cuando se refiere a éste concepto como “gobernanza neoliberal”, por eso este término me hace ruido); así como tampoco es claro qué significa eso de violencia (término ambiguo, por demás), democracia, poder, promesas de valor, participación… Creo que es menester tener la mayor claridad posible de qué se está hablando realmente, si lo que se pretende es darle luz verde a un programa nacional de “coexistencia (otro término poco claro) pacífica…”
En estos encuentros de los territorios la tarea política conlleva urgencias asociadas a reconstruir profundos sentidos de comunidad; recuperar el “nosotros” para avanzar, desde un referente participativo, cooperativo y solidario como cimientos de una vida digna, hacia respuestas que requieren la mayor atención en el manejo de la “res pública.”