Tres documentos enviados por la Secretaría de Vivienda y Territorio revelan cómo la Gobernación de Caldas tuvo injerencia en la conformación del grupo evaluador y la elección del interventor y el constructor desarrollador del fallido proyecto Mil Viviendas. Lo que aquí se consigna está basado en la información que obtuvo de la Administración Departamental el concejal de Chinchiná Jonathan Marín Henao.
El primer documento fue enviado el  7 de octubre de 2022 a las 10:51 p.m., por el exsecretario de Vivienda y Territorio Javier Eduardo Torres Martínez. Allí les indica a seis personas, que laboraban en la dependencia, que serían los integrantes del comité evaluador para el proceso de selección del interventor y el constructor desarrollador del grupo II de Mil Viviendas. “¿Hay autonomía e independencia en ese comité?, cuestionó el concejal Marín.
El segundo documento fue enviado por Torres Martínez. En él, le solicita a la Fiduciaria Central SAS: “proceder con la invitación para que participen en el proceso que se iniciará, a las siguientes empresas, las cuales podrán presentar sus ofertas en nombre propio o como persona plural: Construcciones y Consultorías A.C S.A.S; Constructora C.R.C S.A.S y Tecnología y Construcciones de Concreto S.A, sucursal Colombia”.
“¿De dónde salieron estos tres nombres? ¿Quién le dijo a Javier Eduardo que los invitara a ellos habiendo tanta constructora en Colombia?”, preguntó el concejal Marín. Y yo me pregunto: ¿utilizar un régimen privado exonera a la Administración del cumplimiento de los principios constitucionales de la contratación pública cuando se trata de recursos públicos?
Pero, continuemos. El tercer documento fue enviado por el comité evaluador, el mismo que escogió Torres Martínez. En dicha misiva determinan cuál de las tres empresas mencionadas anteriormente, quienes se unieron en forma de Consorcio, se quedó con el proyecto.
El elegido fue el Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas quien obtuvo 99% mientras que el Consorcio MT y el Consorcio VIS Caldas no lograron ningún porcentaje teniendo experiencia en el sector de la construcción, mientras que el seleccionado no.
Ahora bien ¿Quiénes conforman el consorcio elegido?: Construcciones y Consultorías AC SAS (empresa sugerida por el exsecretario de Vivienda), Fundación Presente y Futuro y el ingeniero Carlos Humberto Plazas.
La primera está a nombre de Jorge Luis Cabaleiro Delgado, mencionado en un artículo de la Silla Vacía del 2017 en donde denuncian hechos de corrupción en Cartagena, y dedicada a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril; la segunda, opera en el departamento de Arauca y su actividad principal es el tratamiento y disposición de desechos no peligrosos, y el ingeniero Carlos Humberto Plazas Ramírez, quien ha mostrado su descontento frente al manejo del proyecto. (Ver Acta72)
Estos tres documentos demuestran, como lo indica el concejal Marín y las demás evidencias recolectadas, que se trató de una contratación a dedo.
Después de todo lo anterior, resulta inverosímil que con el aval de la ONU se publique un libro de un proceso totalmente fallido y que ha representado un detrimento patrimonial para los municipios de Caldas.
El gobernador Henry Gutiérrez en la clausura de la Asamblea informó que por este proyecto estaban embolatados 12 mil millones de pesos.
¿Qué dirán los entes de control? ¿Qué pasa con las denuncias que se han formulado?
“Hay gente que regaló su vida para darnos una gran patria y otros regalan la patria para darse una gran vida” (Cultura filosófica)
Nota: en la parte III – el anticipo, las actas y las garantías.