Un secreto a voces fue dado a conocer por el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel. En su intervención en la Asamblea manifestó a la opinión pública lo siguiente, sobre el fallido proyecto Mil Viviendas: “Hay embolatados $12 mil millones. Es un lío grande, es una infamia. Esto fue lo que heredamos y lo que estamos tratando”. Los $12 mil millones corresponden al 30% del anticipo y el pago de dos actas que la Gobernación le giró al Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas para construir 980 casas en 15 municipios del departamento.
En el acta número 72 del Comité Técnico de Mil Viviendas, llevado a cabo el 10 de abril de 2024, uno de los consorciados, el ingeniero Carlos Humberto Plazas, “toma la palabra manifestando que no tiene conocimiento en qué forma se encuentra invertido el anticipo y que necesita conocer en qué estado está el proyecto”. En dicha reunión se comprometió a revisar toda la documentación desde la parte técnica, financiera y jurídica.
Curiosamente, después de esto, el 11 de abril, los medios del departamento informaron sobre la liquidación del contrato con el Consorcio Desarrollo Vivienda Caldas por solicitud de este último a la Fiduciaria Central S.A.S. De esa forma, el grupo I quedó liquidado y el grupo II pasó a un Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Manizales.
Con esto, el tema de Mil Viviendas quedó congelado, pero con asuntos que merecen el análisis de los entes de control. Uno de ellos, es que el proyecto tenía una fianza civil y no una póliza de cumplimiento del contrato de obra. Esto, porque según Jorge Luis Cabaleiro Delgado (representante del constructor desarrollador) las compañías de seguro habían negado las pólizas porque el contrato era catalogado de alto riesgo.
¿Si es realmente válido y legal sustituir una garantía de póliza de cumplimiento expedida por una compañía de seguros por una fianza civil cuando se trata de recursos públicos? ¿Es esta una actuación que corresponde a la diligencia, el cuidado y la prudencia con que se deben administrar el erario público en un contrato catalogado de alto riesgo? La falta de una garantía adecuada como una póliza de cumplimiento ha impedido la pronta recuperación de los recursos y ha obligado a la presente Administración a acudir al Tribunal de Arbitramento.
Además del tema de la póliza, se comprobó que el proyecto no tenía cierre financiero, puesto que ni siquiera estaba en la base del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: “Revisada la base de constructoras y de proyectos registrados en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya se logra evidenciar que a la fecha no se encuentran registros de los proyectos denominados MIL VIVIENDAS”.
Lo descrito en estas entregas demuestra que el proyecto Mil Viviendas es un verdadero elefante blanco.
Reiteramos nuevamente nuestra inquietud, y las que han formulado algunas entidades de la sociedad civil y los concejales de los municipios, sobre la labor de los organismos de control. ¿Será que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía no han visto con claridad lo que parece como una verdad de Perogrullo? ¿Qué tendrá que decir el funcionario de la Secretaría supervisor del contrato? ¿Qué ha pasado con la interventoría?
Esto es irónico: se esfuman $12 mil millones en Caldas y nada pasa. ¿Sucederá lo mismo que con la PTAR de Manizales y las vías del Hermanamiento?