En 15 municipios de Caldas hay preocupación por el fallido proyecto de Mil Viviendas, que pretendía construir 980 casas. El tema ha empezado a socializarse en los concejos de diferentes municipios y sorprende la actitud del secretario de Vivienda y Territorio del Departamento, Jorge William Ospina, quien asiste solo a algunos, rechazando el llamado generalizado de los concejales.
Un caso puntual fue el del Concejo de Chinchiná, que en tres ocasiones recibió el desplante del secretario. Cómo no responder a un municipio que se endeudó en $1.000 millones para la construcción de 80 casas, que, hasta la fecha, están en el aire. ¿Por qué el secretario hace caso omiso a la invitación? La respuesta podría ser la completa exposición y denuncia realizada por el concejal Jonathan Marín Henao. Por la gravedad de lo expuesto, consideramos pertinente utilizar esta columna para que la opinión pública se entere de este importante control político que se encuentra fundamentado en los derechos de petición presentados por el concejal Marín y las respuestas dadas por la Gobernación.
En el exhaustivo análisis de las declaraciones del concejal se evidencian claramente las presuntas violaciones a los principios constitucionales de la contratación pública; una clara falta de planeación y de selección objetiva, y una forma extraña del actuar de la Administración Departamental, que aparentemente se encuentra más preocupada por la defensa de los contratistas que por lo que realmente le compete, que es la protección de los dineros públicos y la moralidad administrativa.
Mil Viviendas fue planteado bajo un convenio interadministrativo a través del derecho privado y amparado en la Ley 1537 del 2012. “Esto al principio no generó suspicacia, pero después nos dimos cuenta que esto era para tratar de eludir las normas de la contratación de la Ley 80”, expresó el concejal.
En Chinchiná, el convenio fue firmado el 11 de noviembre de 2021, en el que la Gobernación se comprometió a transferir a un Patrimonio Autónomo los recursos necesarios para asegurar el cierre financiero. No obstante, omitieron informar a los alcaldes y a los concejales, que el proyecto no tenía cierre financiero, porque estaban contando con recursos del programa Mi Casa Ya, que solo son desembolsados con un cierto avance en la infraestructura.
El concejal continúa manifestando: “Cada uno de los municipios tendría un Fideicomiso con un Patrimonio Autónomo al que llegaría la plata. En la destinación de los giros, la Fiduciaria Central S.A. hará los giros a quien instruya el Fideicomitente Gestor ¿Quién es el Fideicomitente Gestor? La Gobernación de Caldas. Es decir, ¿quién iba a ordenar los pagos? La Gobernación de Caldas”.
Crearon un Comité Fiduciario conformado por el gobernador de Caldas y los secretarios de Hacienda, Planeación, Jurídica y Vivienda y Territorio. Se encargaba de darle la instrucción a la de la Fiduciaria Central sobre a quiénes debía invitar al proceso de selección del constructor desarrollador y la interventoría. Daba la orden de los pagos, ya que la Fiducia solo tenía voz, pero no voto.
Pero, esto no es todo. El concejal descubrió que la cláusula penal en caso de incumplir el contrato era del 20% del valor total. Sin embargo, el anticipo era del 30%; es decir, de entrada, el 10% quedaba descubierto en caso de incumplimiento. Me pregunto: ¿dónde están los entes de control?
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Nota: En la parte II les contaremos cómo eligieron al constructor desarrollador y quiénes eran.