Los servicios públicos son un aspecto fundamental para la vida humana, debido a que los requerimos para nuestra subsistencia y el desarrollo de actividades personales y laborales, necesitando acceso a energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos y suministro de gas.  Por lo tanto, es un asunto de interés colectivo conocer su generación, operación y los espacios de participación ciudadana para su adecuada ejecución.
En Colombia, la operación de los servicios públicos era una competencia exclusiva del Estado, sin embargo, el 2 de marzo de 1992, el presidente César Gaviria tuvo que decretar el racionamiento de la energía, medida que se prolongó hasta el 5 de febrero de 1993, la situación se generó por el fracaso en el modelo, debido a que el manejo de las empresas y la asignación de las tarifas eran liderados por los políticos, que por motivos populistas no realizaban el cobro del consumo, situación que llevó a la quiebra de los operadores por los malos manejos.
Lo anterior, hizo que se adoptara un nuevo modelo de operación de los servicios públicos en el país a través de la ley 142 de 1994, la cual, estableció nuevos y estrictos parámetros de calidad, transformó la asignación de las tarifas, permitió el ingreso de empresas privadas para operar el sector, entre otros importantes cambios.
Desde entonces, la legislación colombiana ha construido una sólida estructura que le entrega al gobierno el rol de garante en la cobertura con calidad de los servicios públicos, además de responsabilizarlo del seguimiento para que las empresas prestadoras asignen tarifas justas, respetando los derechos de los usuarios, primando el interés colectivo.
Realizando un análisis crítico al modelo de operación de los servicios públicos en Colombia, podríamos decir que ha sido una estrategia que genera cobertura, que propende por la calidad y que permite el acceso en el largo plazo de este aspecto fundamental para la sociedad. Sin embargo, debemos estar alertas a las voces populistas que se levantan diciendo acerca de la necesidad de estatizar el sector, volviendo al pasado y prometiendo con falsedades la gratuidad de la prestación de estos servicios, aspecto que no es viable debido a los altos costos de operación.
El departamento de Caldas presenta una cobertura del 100% en las viviendas de la zona urbana en electricidad, agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y gas, los cuales son operados por empresas públicas y privadas, lo anterior es un excelente indicador de desarrollo económico y social de nuestra región. El suministro de estos servicios es financiado de manera mensual por parte de los caldenses a través del pago de las facturas, además de la asignación de subsidios por parte del gobierno de acuerdo al estrato del consumidor, de esta manera, las empresas se encuentran llamadas a prestar un excelente servicio, evitando cortes y reduciendo los daños, debido a que en caso de presentarse inconvenientes la ciudadanía estará insatisfecha, además que los empresarios tendrían grandes pérdidas.
Se hace necesario basar la relación entre el gobierno, las empresas y la ciudadanía en la generación de confianza, en el que cada uno realice las acciones para la adecuada implementación de los servicios públicos, para ello propongo lo siguiente:
1. Cultura de la Calidad: los caldenses requieren que los servicios públicos se presenten de manera óptima por parte de los operadores, para el goce efectivo de los derechos de los usuarios. 
2. Justicia tarifaria: todos quisiéramos que estos servicios fueran de bajo costo, pero su operación requiere de la financiación por parte de los usuarios, siendo responsabilidad de las empresas brindar las condiciones necesarias, para que los precios correspondan a la excelencia de la prestación entregada.
3. Educación al usuario: es necesario implementar procesos pedagógicos para que los ciudadanos realicen un consumo responsable de los servicios públicos, estableciendo conciencia a través del cuidado de este importante recurso.
4. Sostenibilidad empresarial: los operadores de los servicios públicos deberán realizar la máxima compensación posible, fortaleciendo el tejido social, constituyéndose en instrumentos de dinamización comunitaria.
Los servicios públicos son competencia de todos, su adecuada implementación son generadores de desarrollo y bienestar, por lo tanto, es necesario que la comunidad, las empresas prestadoras y el gobierno avancen en el propósito común de mejorar, obtener tarifas justas y garantizar la prestación en el largo plazo.