En mayo de 2023 en el Eje Cafetero vivimos una situación sin precedentes, cuando cerca de 675 mil usuarios fuimos privados del servicio de gas natural, recuerdo el caos y las largas filas para adquirir pipetas o dispositivos eléctricos para poder cocinar; además que hospitales, colegios, empresas y buena parte de la sociedad se vio afectada por esta insólita contingencia. Después de tres días sin servicio de gas y tras una crisis generalizada, se restableció el suministro, pero quedó en nuestra memoria colectiva cómo es estar sin gas y la importancia silenciosa que tiene en el desarrollo de nuestra cotidianidad, debido a que impulsa buena parte de la economía y suple aspectos básicos como el acceso a la alimentación.

Este panorama podría repetirse muy pronto, pero ahora en todo el país donde somos 36 millones de usuarios, debido a que las políticas extremistas del Gobierno del presidente Petro no han permitido nuevas exploraciones de yacimientos, pese a que las reservas se están agotando. Esta situación obligó a buscar medidas desesperadas para la compra de gas natural en el extranjero, teniendo como primera opción la importación desde Venezuela, lo que tendría una alta complejidad en vista de la difícil coyuntura política y administrativa que atraviesa el hermano país, además de las dudas que genera la supuesta participación del presidente Petro en la financiación del régimen de Maduro con las transacciones de la empresa Monómeros.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que es un hecho que el precio del gas natural subirá en los próximos meses. Analistas se atreven a calcular el incremento en 150%, esta situación afectaría directamente la economía de los hogares colombianos, que tendremos que destinar más recursos para el pago de servicios públicos. Esto ocurrirá cuando ya hemos asumido el incremento de la electricidad, la gasolina, los peajes, la incorporación de más impuestos, entre otros gastos que son indicio del mal momento que atraviesan las familias del país.

Si bien es importante tomar medidas frente al cambio climático, el contexto social y económico exige que el Gobierno nacional garantice condiciones mínimas para que el sector empresarial e industrial no sea sacrificado ante un eventual desabastecimiento de gas, ya que perderíamos competitividad y se tendría un impacto fiscal que afecta a miles de empleos y recrudecería aún más la pobreza en los territorios.

El Ministerio de Minas y Energía, como líder de las políticas en el sector, está en la obligación de crear los mecanismos para ahuyentar el fantasma del racionamiento y establecer una agenda eficiente para llevar a cabo la transición energética en el país, que sin lugar a dudas requiere del suministro de gas. La ideología mesiánica de Petro no puede obligar a los colombianos a privarse de los alimentos, del empleo y de la industria, no podemos permitir que las decisiones radicales y caprichosas del Gobierno nos lleven a recorrer el mismo camino de Venezuela, que con la excusa de reducir la exploración de hidrocarburos empobreció al pueblo y se perpetuó en el poder.