La III Conferencia Interamericana sobre Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, desarrollada hace pocos días en Manizales, fue un evento histórico para la ciudad, siendo un espacio ideal para la construcción de alternativas que permitan reducir las condiciones de vulnerabilidad de los territorios. En este escenario tuve la oportunidad de presentar la ponencia del artículo “El puente está quebrado”, la cual construí junto con dos grandes amigos e investigadores, dando a conocer desde una mirada académica y experimental los problemas administrativos, económicos, sociales y culturales a los que están enfrentados los municipios de sexta categoría ante la ocurrencia de escenarios de riesgo. 
En Colombia, los avances en los sistemas de gestión del riesgo han sido la respuesta a eventos catastróficos, más no el resultado de un proceso de planificación; esto ha puesto en evidencia la mala preparación del Estado para responder a los diferentes escenarios de riesgo y, por tanto, para salvaguardar la vida de sus habitantes. Bajo este contexto, los municipios del país iniciaron su desarrollo urbanístico; el cual, en la mayoría de los casos, no consideró el componente de riesgo con la rigurosidad técnica necesaria, favoreciendo la generación de problemas que, aún hoy, no han podido ser solucionadas.
Si bien es cierto, durante los últimos años el país ha tenido un adelanto significativo en materia de normatividad, también es importante identificar que se tienen grandes falencias en la implementación efectiva de todas las políticas, leyes y decretos, debido a múltiples factores, entre los que sobresalen los siguientes:  
1. La falta de mecanismos vinculantes que articulen a los diferentes niveles del Gobierno (nacional, departamental, municipal, entidades descentralizadas y corporaciones autónomas). 
2. La asignación de responsabilidades en materia de implementación de gestión del riesgo de desastres a los actores del Estado que poseen menor capacidad técnica, operativa, y económica; es decir, se vive una descentralización en cuanto a las competencias, pero una centralización en torno a lo financiero. 
Supía ha sido uno de los municipios más afectados por eventos de riesgo durante los últimos años en el departamento de Caldas, las cinco inundaciones presentadas en 2022 dejaron como resultado inmediato más de 1.100 familias damnificadas y cuantiosas pérdidas materiales, dejando al descubierto la falta de capacidad de los municipios para atender de manera integral este tipo de situaciones, haciéndose necesario que instituciones del orden regional y nacional apliquen el principio de concurrencia y subsidiariedad de los que trata la Ley 1523 de 2012.
La solución integral para el problema de riesgo en Supía requiere obras de mitigación, procesos de reasentamiento, restitución de las fajas de protección ambiental y actividades para la conservación de la cuenca hidrográfica, las cuales están estimadas en aproximadamente 200 mil millones de pesos; es decir, el presupuesto total del municipio en 5 años. Por eso, siempre insistí en la necesidad de que la Gobernación de Caldas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hicieran parte de la solución y aportaran recursos técnicos y financieros para devolverle la tranquilidad al pueblo supieño. 
Sin embargo, el puente está quebrado, porque el Gobierno nacional le descargó las responsabilidades a los municipios, pero no les asigna los recursos suficientes, obligando a los alcaldes a que rueguen por al menos una cita de quien dirige la Gestión del Riesgo en el país; y mientras tanto, la opinión pública va conociendo más detalles de los indignantes hechos de corrupción orquestados por el exdirector Olmedo López, hasta el momento se presume una desviación de recursos cercana a los 400 mil millones, recurso con el cual se hubiera podido solucionar el problema de Supía. 
La gestión del riesgo es un aspecto de gran importancia para los municipios. De nuevo se acerca la temporada de lluvias, y debemos estar preparados, las comunidades esperan que el Gobierno nacional lidere estrategias efectivas para evitar más tragedias, y que, en todo caso, los dineros no terminen en los bolsillos de los corruptos, sino en la prevención y atención de desastres.