Las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna limitación que les dificulta acceder a sus quehaceres diarios, esta definición ha sido objeto de discusión debido a los múltiples enfoques que presenta y a su evolución en el tiempo; sin embargo, su propósito es evitar la discriminación y garantizar la inclusión y equidad de esta importante población. Aproximadamente 3 millones de colombianos tienen alguna discapacidad, según el DANE; en muchos contextos han sido excluidos social e institucionalmente, y aunque el país cuenta con una amplia normativa que busca la eliminación de las barreras de acceso a sus derechos, aún falta camino por recorrer.
La política pública nacional de discapacidad e inclusión social se encuentra en el documento Conpes 166 de 2013, concibiéndola hacia el desarrollo humano con un enfoque de derechos y promoviendo la gobernanza como instrumento para alcanzar tres componentes: trabajo, educación y salud. La atención a las personas con discapacidad en el Gobierno de Gustavo Petro no es una prioridad, a pesar de que esto fue incluido en la justificación para crear el Ministerio de la Igualdad, la realidad es que esta cartera que cuenta con millonarios recursos se ha dedicado exclusivamente a exaltar las pretensiones políticas de la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, evidenciándose el derroche en viajes y contratación de personal, dejando a un lado la asignación presupuestal a los sectores excluidos, y por ende, generando un nulo impacto en las localidades, las cuales no cuentan con las herramientas para entregar mayor bienestar y equidad a las comunidades.
De igual manera, la Ley 2297 de 2023 conocida como Ley de los cuidadores, fue anunciada por el Gobierno como el mecanismo para entregar las medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y sus cuidadores; sin embargo, su implementación no obedece a las necesidades de los territorios y la norma no entrega respuestas para alcanzar las transformaciones que requieren muchas personas en condición de discapacidad, sumado a que no se le asignan recursos financieros ni se plantean estrategias reales para la articulación con las entidades territoriales, de manera tal que se pueda brindar la atención solicitada por esta población.
Por su parte, Caldas adoptó la política de discapacidad a través del Decreto 210 de 2016 Caldas pa’ todos 2016-2024, es decir, este año será obligación de la Gobernación evaluar exhaustivamente el cumplimiento de los lineamientos, programas y proyectos propuestos en este período, además de fomentar una actualización de acuerdo a las realidades de los 62.000 caldenses que conforman esta población, dando cuenta de las necesidades y solicitudes que se realizan desde los municipios, que deben enfrentarse a la precariedad financiera para adelantar estrategias que impacten las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
La estrategia de atención de la Gobernación de Caldas a estas personas es demasiado débil, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 se atenderán en el cuatrienio tan sólo 300 personas en todo el territorio; es decir, la atención alcanzará para el 0,5% de la población caracterizada, eso sin contar a sus cuidadores. Es entonces necesario hacer un llamado de atención al gobernador y a los alcaldes para construir estrategias claras sobre el acceso a los derechos de las personas con discapacidad y definir en articulación con los empresarios, la academia y la comunidad una hoja de ruta que garantice la implementación de procesos que otorguen oportunidades en una población históricamente excluida.