Hay cuatro cosas para lamentar en el cambio de gabinete que hizo el presidente Petro hace dos días. La primera es que es el segundo en apenas ocho meses de gobierno. Está demostrado que la calidad de la gestión de los gobiernos y de sus políticas públicas depende, entre otros factores, de la estabilidad de los buenos funcionarios. Una alta rotación interrumpe rutinas y dinámicas de trabajo y de seguimiento de procesos, con lo cual, aumentan los costos asociados a nuevas adaptaciones y aprendizajes específicos. La segunda cosa para lamentar es la causa de la decisión: la ruptura de la coalición de gobierno como consecuencia de la incapacidad del presidente para entender que la política es, en buena medida, negociación y compromiso. Y por negociación no me refiero al intercambio de prebendas o favores por votos sino al hecho de que toda reforma, en una democracia, debe pasar por el tamiz de la deliberación pública. Esperar que las reformas pasen intactas por ese tamiz es despreciar la deliberación. El dogmatismo y la intransigencia no son buenos aliados del reformismo.  
Lo tercero que hay que lamentar es la salida de José Antonio Ocampo y Cecilia López. Aunque sus sustitutos, la abogada Jhenifer Mojica y el economista Ricardo Bonilla son buenos nombramientos, los dos tienen que llenar unos zapatos muy grandes. Ocampo y López aportaban una enorme y ampliamente reconocida experiencia y generaban mucha confianza. Ambos tienen trayectorias brillantes y han consagrado buena parte de sus vidas al servicio público. También le han aportado al Estado su conocimiento y su admirable capacidad de gestión. Ocampo fue Secretario General Adjunto de Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y Secretario Ejecutivo de la Cepal. Es un personaje de talla mundial. Como economista es también un académico notable. Su sola presencia en el Ministerio de Hacienda aportaba credibilidad a la política económica del gobierno y era garantía de estabilidad. Cecilia López, a sus ochenta años, sigue siendo una mujer vivaz, con agudo sentido crítico y gran capacidad de trabajo. Su conocimiento del Estado y de las políticas públicas hará mucha falta en una cartera crucial para la transformación social y productiva del país. 
Creo que Jhenifer Mojica, quien fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y cuenta con mucha experiencia en restitución de tierras y derechos indígenas y Ricardo Bonilla, un estupendo profesor de economía de la Universidad Nacional, exsecretario de hacienda de Bogotá y director de Findeter, lo van a hacer bien. De todos modos, es innegable que Ocampo y López dejan un listón muy difícil de igualar. Se fueron dos pesos pesados.
La cuarta cosa para lamentar es que Irene Vélez, Álvaro Leyva e Iván Velásquez sigan en sus carteras y que Mauricio Lizcano permanezca en el gobierno. La ministra de minas no lo ha hecho bien. Con sus declaraciones sobre la exploración petrolera ha generado incertidumbre y ha afectado negativamente las expectativas de múltiples agentes. En economía las expectativas importan mucho. La gestión de Álvaro Leyva ha sido pésima: nombramientos diplomáticos absurdos y declaraciones inoportunas. Iván Velásquez es un gran jurista y estupenda persona, pero está en el ministerio equivocado. Hay documento de seguridad -parece muy bueno- pero no hay política efectiva de seguridad. Mauricio Lizcano, ahora ministro de las TIC, es una prueba de que ser intransigente en lo programático no es incompatible con ser laxo con políticos muy cuestionados. Ahora que se desbarató la coalición del gobierno en el congreso, existe el riesgo de mayores intercambios propios de politiqueros y negociados al detal. Ojalá no volvamos a los tiempos de Heyne Mogollón, Teodolindo y Yidis.