Desde el inicio de los acercamientos del gobierno nacional con grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitares, todo había dado la impresión de discurrir con facilidad y soltura. Esto no tenía por qué causar sorpresa. Un gobierno de izquierda liderado por alguien que pasó por la insurgencia podría tener una comunicación y un entendimiento con las guerrillas remanentes en Colombia que hicieran posible de entrada plantear unos diálogos de paz. Por el lado de los paramilitares también era de esperar que por lo menos fueran receptivos a las propuestas del gobierno. Sin embargo, la propuesta de la Paz Total del presidente Petro planteaba desafíos y retos enormes, pues negociar simultáneamente con un número grande de organizaciones y tan diversas implicaba unas complejidades enormes. Y daba la impresión de que no las estaban contemplando o que la estructuración de la política de paz era muy sólida. Los hechos recientes están dando para pensar lo primero.
El anuncio del presidente Petro el 31 de diciembre no dejaba dudas: se establecía un cese al fuego desde el 1 de enero y por seis meses con cinco organizaciones armadas: el ELN, la Segunda Marquetalia, El Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Grupo Sierra Nevada. Una noticia muy buena, tal vez demasiado buena como para pensar que iba a ser posible su ejecución. Dos días después todo quedó en veremos, pues el ELN desmintió que hubiera sido establecido un cese al fuego. Y si bien las otras cuatro organizaciones no han salido a negar lo anunciado por el gobierno, es prácticamente imposible que ese cese al fuego esté en operación en este momento. Un cese del fuego es un asunto muy serio y complejo, y por estos hechos recientes se puede concluir que el gobierno nacional está siendo ligero con la presentación del tema que hace al país.
Llama la atención que un presidente que conoció la guerra insurgente, que ha estudiado por décadas la violencia de Colombia, esté dando pasos ligeros en su propia política de paz, más aún cuando la presenta como su principal apuesta de gobierno. El nuestro es un país que ha conocido la guerra interna por dos siglos, en el que han operado armisticios, ceses del fuego y acuerdos de paz por el mismo tiempo, con sus aciertos y fracasos; no puede ser aceptable que a estas alturas se sigan cometiendo los errores de siempre.
Para establecer un cese al fuego hay que considerar muchas realidades, y da la impresión de que el gobierno no lo hizo. La primera y más importante es la del territorio donde operará esta figura y de si las organizaciones armadas ilegales se concentrarán o conservarán la movilidad. Tremendo problema,  pues resulta que entre estas mismas estructuras con las que se quiere acordar el cese del fuego se combate con ferocidad, y con otras más. Además, su relación sustancial con el narcotráfico implica que desarrollen ciertas actividades que pueden llegar a ser incompatibles con un cese al fuego. Si esta figura implica que una organización armada se quede quieta, y quedarse quieta le puede significar una seria desventaja frente a sus enemigos en una región específica ¿cómo será posible adelantar este aquietamiento bélico? ¿Qué recibe a cambio la organización armada durante un tiempo que significa su parálisis? El cese al fuego, si de verdad es serio y de buena fe, es el estado previo a la disolución de la organización armada. Es evidente que no estamos en ese momento.
Entonces, ¿cómo puede lograrse un alivio de las comunidades que sufren a diario la cruel violencia que ejercen unos y otros mientras se adelantan negociaciones de paz? Este es el asunto más importante. De alguna manera la respuesta pasa por el rol de la Fuerza Pública, tanto en protección de los civiles como en el mismo combate a los armados, si es del caso.
Es increíble, pero parece que no se está tomando como referencia para la política de paz el proceso de paz más exitoso en el mundo en los años recientes: el del Gobierno Santos y las FARC. No haría daño pedir el consejo y la orientación de quienes participaron en este acuerdo de paz.
La Paz Total del presidente Petro es una iniciativa que hay que apoyar sin vacilación. Pero el gobierno tiene que adelantarla con rigor, conocimiento y sin cometer chambonadas como el anuncio de un cese al fuego que no existe.