En noviembre de 2014 el general del Ejército Nacional Rubén Darío Alzate fue secuestrado por las FARC a orillas del río Atrato en el Chocó. Mientras tanto, las negociaciones del Gobierno Santos con las FARC en La Habana seguían su curso y el trabajo era intenso. Se negociaba bajo la premisa de que el diálogo iba por un carril y la guerra por otro, lo que significaba que este secuestro no debía alterar el curso de las negociaciones. Sin embargo, solo dos semanas después la guerrilla liberó al general sin exigir nada en contraprestación. Esta liberación hizo evidente que el proceso de paz era prácticamente irreversible y que las FARC estaban sentadas en la mesa con el firme propósito de sacar adelante un acuerdo definitivo con el Gobierno.
Hace pocos días, cuatro indígenas menores de edad que habían sido reclutados de manera forzosa desertaron de las disidencias denominadas Estado Mayor Central. Los menores se refugiaron en una comunidad, pero hasta allá fueron perseguidos y luego fusilados para escarmiento de la población. Ante este brutal hecho el Gobierno levantó de manera unilateral el cese al fuego con esta estructura armada en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
El contraste entre estos dos eventos, el de 2014 en el Chocó con la liberación del general Alzate y el de hace pocos días en el Caquetá con el fusilamiento de los cuatro menores indígenas, muestra claramente el abismo entre la claridad que tuvo el proceso de paz de La Habana y la tremenda confusión y empantanamiento existentes en la política de diálogo y negociación del gobierno Petro.
El proceso de paz del presidente Santos con las FARC venía precedido de una década de triunfos militares del Estado contra esta guerrilla. Las FARC que empezaron conversaciones discretas con el Gobierno en 2012 no eran las mismas de febrero de 2002, cuando se rompe el proceso de paz del Caguán. Para 2012 estaban tremendamente diezmadas y su propósito de alcanzar el poder nacional se había convertido en un imposible. Pero tampoco estaban liquidadas y su capacidad de perturbación persistía, incluso presentando repuntes militares desde 2008 con un cambio de estrategia de combate. Esta conjunción de debilidad pero no derrota total fue la que permitió un acuerdo en 2016. El Estado logró la desaparición de una fuerza armada enemiga de unos 15.000 combatientes y las FARC lograron reivindicaciones políticas por las que había hecho la guerra.
La política de la Paz Total del gobierno Petro carece de una columna básica, sin la cual es tremendamente difícil sacar adelante las negociaciones con los armados ilegales: una sólida política de seguridad en el terreno, en la práctica. Hace pocos días el ministro de defensa Iván Velásquez presentó la política de seguridad del gobierno nacional denominada “Garantías para la vida y la paz”, la que contiene cinco elementos básicos: Protección de los derechos de la población; recuperación del control territorial; protección ambiental; soberanía territorial y de fronteras; y desarrollo de las fuerzas. Es una política coherente y sensata, pero por sí sola no significa que haya un repunte de las fuerzas del Estado en el combate a las organizaciones armadas ilegales; por ahora solo está en el papel, toca ponerla en práctica. En el terreno hay un déficit notorio de la capacidad militar de contención y combate contra los armados ilegales. No es posible una negociación razonable para el Estado si no se golpea de manera severa a todos los ejércitos ilegales que ejercen tranquilamente su poder en muchas regiones del país. Son urgentes cambios estratégicos, operacionales y tácticos.
Y en el terreno propio de las negociaciones todo se ve difuso y superficial. La negociación es una disciplina que tiene sus métodos y estos no se vislumbran en el Gobierno. ¿Cuáles son los incentivos para negociar de todas las organizaciones armadas con las que conversa el Gobierno? ¿Qué ganarían en un acuerdo? ¿Qué ofrece el Gobierno que pueda ser conveniente para los ilegales y que no sea una concesión desmedida del Estado? Y siguen muchas preguntas más. Creo que ni siquiera el Gobierno tiene claridad. Para rematar, es imposible sacar adelante 4 o más negociaciones simultáneas si no existe una estructura muy sólida para adelantar la tarea, estructura inexistente hoy en la Casa de Nariño.