Doña María Martínez fue la primera dama de República Dominicana de 1935 a 1961, su esposo fue el sanguinario dictador Rafael Leonidas Trujillo. Había que llamarla ‘La Prestante Dama’. Por otro lado, en las democracias más modernas, como por ejemplo las de los países nórdicos, las primeras damas o primeros caballeros prácticamente no existen, cónyuges o compañeros de los jefes de gobierno son casi invisibles a los reflectores públicos y durante el mandato de sus parejas continúan con sus vidas profesionales previas, siguen siendo por lo general ciudadanos de a pie. Si bien no vivimos bajo un régimen como el de Trujillo, lejos que estamos de los nórdicos. En una línea recta entre La Prestante Dama y las anónimas parejas de los gobernantes escandinavos, nos situamos más cerca de Doña María que de Markus Räikkönen, esposo de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, o de Marit Slagsvold, esposa del primer ministro noruego Jonas Gahr Store.

En días pasados fueron noticia dos hechos: los viáticos pagados a Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, por viajes realizados como representante del Estado colombiano, y gastos hechos con dineros públicos para surtir de elementos requeridos en las casas privadas del presidente y la vicepresidenta. En ambos casos lo que suscitó reclamos y quejas fue básicamente el elevado monto de lo pagado. Vuelven a surgir dos preguntas que de cuando en cuando son objeto de controversia y debate: ¿Debe tener funciones públicas la esposa o esposo del jefe de estado? ¿Qué límite deben tener los gastos con dinero público destinados al bienestar y vida familiar del presidente? Son preguntas importantes y temas que hay que atender con seriedad, pues su respuesta nos indica qué sociedad estamos construyendo. Hay que responderlas más allá de la malquerencia que se tenga por Petro o la defensa a ultranza que se haga de él.

En cuanto a primeras damas lo que más se nota es lo que sucede en la Casa de Nariño, pero a nivel local y regional se da el mismo fenómeno, aunque en menor escala igual de problemático: abundan y pululan esposas de alcaldes que se denominan “la primera gestora social del municipio”, y aludo básicamente a las esposas de los alcaldes, pues desafortunadamente solo hay un 12 % de alcaldesas. El tema de fondo es independiente del género, y tiene que ver con que sin la menor autorización legal y política, la familia de un ciudadano electo termina metiendo sus narices en asuntos que les son ajenos en su carácter de particulares. ¿Que siempre ha sido así? Sin duda, ¡pero es que ahí está el problema!

En cuanto al dinero público que se debe destinar al bienestar personal del presidente y su familia, debe haber un justo medio: sí deben usarse recursos para su comodidad y para la manutención de su casa privada mientras sea el jefe de Estado, pero nunca se debe transitar a la satisfacción de “antojos” costosos y lujos superfluos. Claro que el jefe de Estado debe contar con un avión para sus desplazamientos, y  tener un servicio para el aseo, alimentación y cuidado de su casa privada, siempre y cuando sea la oficial, pero no tienen porqué ser cubiertas sus veleidades y caprichos, para esto que usen su sueldo. El presidente no tiene que ser un monje mendicante, pero tampoco se puede permitir que se vaya convirtiendo en un reyezuelo hedonista pagado por los ciudadanos. En cuanto a los recientes hechos que levantaron una polvareda debido a la compra de costosos ropones, fundas de almohadas y televisores, se les estaba yendo la mano. Y sí, estos tiempos demandan austeridad de los gobernantes…y de todos.

En Suecia, los parlamentarios no tienen vehículos asignados por el Estado, a cada uno se le da un pase del metro para que llegue en el transporte público a su trabajo, y si no quiere, que pague el taxi.

Nota: de un inmenso valor el acuerdo de voluntades entre el gobierno nacional y Fedegan para la compraventa de 3 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria. Un primer paso monumental. Pero es solo el primero, llegar a la meta demandará un esfuerzo también monumental del Gobierno, para lo cual no se debe dispersar en un número exagerado de iniciativas estratégicas.