El gobierno mantiene la esperanza que, si cuida el medio ambiente, la comunidad internacional le cancela sus deudas. Es posible recibir recursos sustanciales, pero no como está planteado el esquema y no a cambio de deuda soberana. Para acceder a estos recursos, el país debe pasar por un arduo proceso de certificación de bonos de crédito soberanos. Aún más crítico, debe empezar con el desarrollo del mercado interno de cupos transables de gases efecto invernadero (GEI). Actualmente los créditos de carbono sufren de mucho pirata que promete maravillas que no puede cumplir. Desarrollar este mercado requiere de transparencia en la certificación de proyectos, en el uso de recursos y en los resultados. Por ahora no vamos a ningún lado.
No hay que perder tiempo esperando que por caridad nos perdonen deuda soberana por una promesa de conservación. Los canjes de deuda por conservación solo funcionan en países con mala calificación crediticia. Este fue el caso de Belice y Ecuador que, estando en default selectivo y en calificación “basura”, lograron con la ayuda de un tercero, comprar deuda a descuento, para después hacer el canje en su valor nominal. Del ahorro causado por el mecanismo, existe un compromiso de inversión para cuidar el medio ambiente. No es que esto sea imposible que lo haga Colombia, es que el descuento sería leve, genera pocos recursos. Mientras Belice recompró con descuento de 45% y Ecuador del 60%, Colombia no está en riesgo de quiebra y todavía mantiene un grado de inversión. 
Desafortunadamente, el mecanismo creado en la reforma tributaria de 2016 que permitía el pago de deuda tributaria con conservación ambiental, fue debilitado en la reforma tributaria del año pasado. Antes, certificaba proyectos ambientales que capturan dióxido de carbono para utilizarlos pagando el impuesto a combustibles. Ahora, el gobierno limitó el uso de la conservación a solo la mitad del impuesto a pagar, un retroceso a la financiación de la conservación.
Desde 2018, la ley 1931 estableció la obligación de crear el mercado interno de cupos transables de GEI, pero a la fecha no hay avances sustanciales. Bajo esta iniciativa se buscaba crear un tope de emisiones para las industrias que generan GEI.  De esta manera, al definir una senda de reducción, si a un industrial le salía muy costoso disminuir sus GEI, podría comprar cupos transables de GEI de un tercero. Al permitirle a los proyectos de conservación la posibilidad de producir estos cupos, se habilitaría una oleada de financiación para frenar el cambio climático. Eventualmente se podría vincular el mercado colombiano con otros, logrando un mejor precio por las acciones de conservación.
Actualmente hay demasiados “consultores” ofreciendo riquezas ambientales que no son, confunden a novatos citando precios de créditos de carbono de mercados regulados como el europeo o el de California y no explican el concepto de “adicionalidad” ni cuentan con certificaciones serias. En este momento, el mercado voluntario está en crisis por constantes escándalos de fraude. Si bien la deuda no la van pagar por promesas de conservación, si podría crearse un mercado, eventualmente uno internacional basado en resultados y transparencia, que nos ayude a financiar la adaptación al cambio climático.