Tras una semana de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el mandatario electo parece haber ya consolidado mayorías en el Congreso de la República que se posesionará el próximo 20 de julio, con lo que los proyectos de su gobierno podrían asegurar trámites en los que no tengan mayores resistencias. Lo complejo de esto es que, como ha sido tradicional, todo parece estarse tramitando a través de compromisos burocráticos.
 El Partido Verde anunció que se declarará como bancada de gobierno, al lado de toda la coalición del Pacto Histórico, e inclusive el Partido Liberal, al mando del expresidente César Gaviria, tan ambivalente, estaría en esa misma bancada, lo que llevaría a que tanto en Senado como en Cámara las fuerzas políticas estarían alineadas en su mayoría a favor de lo que proponga Petro.
 En una democracia siempre será deseable que los poderes públicos sean independientes, que no haya la posibilidad de que uno sea cooptado por alguno de los otros y que se tenga un muy equilibrado sistema de poderes y contrapoderes. Eso es algo difícil de lograr, pero cualquier demócrata debe aspirar a que el Legislativo, por ejemplo, esté en capacidad de debatir los temas a profundidad y que las votaciones no se limiten al pupitrazo.
 En ese sentido, lo mejor sería que las fuerzas políticas en el Congreso se declararan, en su mayoría, independientes, de tal manera que en una sana discusión con los opositores y con los movimientos afines al Ejecutivo, voten después de profundos análisis y de estudiar seriamente cada proyecto. 
 Si tomamos en cuenta las arriesgadas iniciativas que Petro anunció en campaña, se hace necesario que haya una bien organizada oposición a temas que puedan ser contraproducentes para el país. Sin duda, son necesarias varias reformas en el país, pero resulta fundamental que los resultados sean moderados, que no resulten ser saltos al vacío, y en eso el trabajo del Congreso es clave.
Colombia en las urnas gritó una necesidad de cambio, pero no puede ser cualquier cambio, hay que garantizar que sea uno para mejorar, y en ese sentido debe garantizarse que haya un equilibrio, en el que el Ejecutivo no pueda tener carta blanca para hacer lo que quiera sin oposición. Como país tenemos el desafío de avanzar hacia un modelo más fuerte de democracia, en el que inclusive organismos como la Procuraduría, la Contraloría y otros entes descentralizados no puedan ser controlados por el presidente.