Lo que pretendía ser un convenio para el beneficio de los deportistas colombianos, con una intención de inversión de $76 mil millones, está ahora en un litigio legal entre los dos socios para este proyecto: el Ministerio del Deporte y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El Ministerio ya radicó demanda ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que la OEI no cumplió con su aporte del 50% de los recursos totales ($38 mil 207 millones en especie), mientras que el organismo internacional se defiende señalando que esa situación no fue su responsabilidad.
Lo cierto del caso es que de las arcas del Estado salieron $38 mil 60 millones para ese convenio, los cuales se gastaron, sin que se pueda afirmar que el objeto social de los contratos suscritos se haya cumplido. La denuncia de este caso, publicada en LA PATRIA en dos entregas en la reciente semana, deja muchas sombras acerca de la manera como se generó ese convenio y su posterior ejecución, si se puede hablar que hubo ejecución en este caso.
Todo indica que, finalmente, la OEI se convirtió en operador logístico de programas misionales realizados con los recursos aportados por el Ministerio, y el documento firmado, por demás de redacción gaseosa, nunca se concretó, lo que llevó a que funcionarios como el caldense Martín Ramírez, quien se desempeñó como jefe de Fomento y Desarrollo del Ministerio, y luego fue declarado insubsistente, hicieran reparos alrededor del manejo dado a esta situación.
Las fallidas conciliaciones de los pasados 31 de mayo y 16 de junio para tratar de validar lo establecido en el convenio y que nunca se cumplió, no dejaba un camino distinto a la salida legal que actualmente avanza. Desde la OEI se anuncia ahora que también habrá demandas en contra del Ministerio por considerar que no es su culpa que el convenio no se haya concretado, pero su director, Carlos Zuluaga Pardo, agrega que ellos no son sujetos de procesos administrativos sancionatorios por ser un organismo de cooperación internacional.
Si bien serán las autoridades judiciales las que deban estudiar esta caso a fondo y tomar las decisiones pertinentes, hay muchos interrogantes y vacíos que les compete responder a todos los involucrados desde el inicio del convenio y el desarrollo de la situación que impidió que se ejecutara. Si lo que buscaban era un operador logístico, que fue lo que se dio en la práctica, se debió hacer un concurso público, dada la cantidad de dinero comprometida.

Se nota mucha improvisación y falta de criterio, por lo menos, en lo que hemos conocido, y peor aún, falta de seguimiento y control, y las irregularidades detectadas involucran una suma cuantiosa de recursos por la que se debe responder. El hecho de que no haya soportes de lo supuestamente aportado por la OEI en especie, y tampoco pólizas de cumplimiento en un convenio de monto tan elevado, no puede pasar por alto y merece que la Corte Suprema actúe con criterios de prioridad.