Como estaba anunciado, una de las primeras acciones del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro fue presentar su proyecto de reforma tributaria, con el que busca obtener, por lo menos $25 billones para financiar programas sociales. También estaba cantado que buscaría mayores fuentes de recursos en las personas naturales más pudientes y en la clausura de algunas exenciones tributarias para empresas, entre otras medidas.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pretende avanzar en la igualdad y justicia social y en consolidar el ajuste fiscal. No obstante, también incluye gravamen a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, cuando sus precios superen un techo determinado, lo que podría significar un golpe a las posibilidades de inversión en esos sectores en el país. Así mismo, se enuncia una lucha fuerte contra la elusión y la evasión que, en palabras de Ocampo, puede ser de unos $50 billones, como mínimo, hoy en Colombia, y frente a lo cual el Ejecutivo aspira a recuperar unos $25 billones.
Son metas, sin duda, ambiciosas, no muy fáciles de concretar, pero será el Congreso de la República el que debata y apruebe este proyecto, el cual requiere un análisis juicioso y responsable, y debe ser ajustado a las posibilidades reales. Hay puntos que despiertan preocupaciones y que podrían afectar el crecimiento económico del país si no se observan todas sus implicaciones antes de darles luz verde.
Los aspectos esenciales de la iniciativa apuntan a que quienes ganen más de $10 millones mensuales o reciban pensiones por encima de esa cifra tendrán que tributar, así como quienes tienen patrimonios superiores a los $3 mil millones. También se contempla una contribución adicional de los sectores de petróleo, carbón y oro, que exportan estos productos, cuando los precios de venta estén por encima de cierto nivel. Adicional a esto se establece un impuesto al carbono, que deben pagar todos aquellos que generen este tipo de emisiones a la atmósfera.
Otro punto polémico de la reforma son los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, por lo que esto puede implicar, de manera indirecta, para la mayor parte de sus compradores, pertenecientes principalmente a las familias de ingresos bajos y medios, y que van a terminar pagando esos tributos por cuenta de la elevación de precios de esos productos. Esto debe ser analizado con mucho cuidado para que los efectos no resulten peores que los remedios aplicados.

Un tema que no está incluido, pero que debería ser estudiado para incorporarlo, tiene que ver con la propuesta de Asobancaria y de la Andi de generar sanciones a todas aquellas transacciones que se hagan en efectivo por encima, por ejemplo, de los $10 millones, ya que en ese tipo de movimientos de dinero en el que más se evaden impuestos en Colombia, y sería un paso importante hacia la formalización de las actividades económicas, en general.