Saltarse la regla fiscal será siempre una apuesta riesgosa para la economía, pero hacerla en estos momentos en los que hay tantas incertidumbres alrededor la estabilidad económica nacional y mundial, resulta aún más arriesgado y hasta irresponsable, es algo que debe evitarse a toda costa. El presidente, Gustavo Petro, parece dispuesto a dar ese salto, con el objetivo de obtener recursos para la compra de tierras para los campesinos colombianos, lo cual es una iniciativa loable y necesaria, pero el monto del capital calculado y el enfoque solo en la tenencia como tal, podría agravar aún más el camino escogido para alcanzar ese propósito.
Hablar de compra de tierras por cerca de $60 billones, sin un sustento adecuado, es temerario, cuando lo que más necesitan los agricultores colombianos es asistencia técnica que les ayude a ser más productivos y competitivos, y apoyo para la comercialización de sus productos, de tal manera de los esfuerzos sean compensados con buenos precios en el mercado. La asistencia técnica, además, tiene que venir acompañada de sistemas de riego, insumos agrícolas a precios razonables y tantos otros elementos que no se resuelven con solo tener tierras o títulos.
Evidentemente, es importante que se impulse la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de La Habana, y que se acelere el cumplimiento de todos esos compromisos para que sea efectiva la búsqueda de una paz sostenible en el país. Eso también ayudaría a contener la migración del campo a las ciudades y todas sus consecuencias negativas que eso trae, así como apuntar al cierre de brechas en diversos aspectos entre la ruralidad y los centros urbanos.
Sin embargo, algo tan vital no puede ser ejecutado con la aplicación de propuestas tan peligrosas como las que tiene en mente el mandatario, porque el remedio podría resultar peor que la enfermedad. Modificar el marco fiscal, que comprometería seriamente las finanzas públicas en los próximos 10 años, es algo muy complejo, y más en medio de la coyuntura inflacionaria y de posible recesión económica a la que nos estamos enfrentando.
Es verdad que, según el DANE, el 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra, y es muy pertinente pensar en comprar tierra fértil a precios del mercado, para que nadie sienta que se le está expropiando, pero hay que tener cuidados mínimos en eso. Tal vez hay que repensar los mecanismos utilizados para tener, en verdad, una reforma integral en el campo.

El propósito final no puede ser tener tierra por tenerla, sino que los campesinos tengan una vida digna y acceso a todo aquello que en el mundo moderno no han podido alcanzar por falta de apoyo. Sería una enorme frustración poner toda la economía en riesgo para dar un paso improductivo. Es urgente buscar soluciones, pero las carreras pueden terminar estropeando todo, pese a las buenas intenciones.