Si es realidad que el 60% de los 4 millones de predios rurales que ocupan 113 millones de hectáreas en Colombia no tienen escrituras, como lo afirma el Ministerio de Agricultura, y por tanto hay una altísima informalidad en la propiedad de la tierra, es verdad que se tiene un gran problema por resolver. No obstante, la manera como viene siendo socializado el proyecto de Ley de Tierras en diversas regiones, ha generado toda clase de reacciones en contra que vuelven a poner en riesgo el avance hacia un nuevo orden en el campo que lo haga más productivo y estratégico para el crecimiento de la economía colombiana y el desarrollo social del campo.

Esta iniciativa surge como parte de los compromisos de los acuerdos con las Farc, correspondientes al tema agrario que apuntan a que cerca de 800 mil familias campesinas que hoy no tienen acceso a la tierra puedan tenerla a través de la formalización y el uso, en algunos casos, de la figura del fondo de tierras, que sería de 3 millones de hectáreas. Entre los pasos que vienen para el proyecto está una consulta previa con las comunidades afro, indígenas y gitana, para finalmente ser convertido en ley.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, asegura que hay una mala interpretación de las intenciones del proyecto cuando algunos dicen que se pretende expropiar la propiedad privada, cuando en realidad busca darle más garantías a los propietarios y establecer condiciones para brindar seguridad jurídica a los campesinos, empresarios del campo e inversionistas de proyectos agropecuarios. Desde nuestro punto de vista, es necesario que así sea, pues sería muy grave que se dé cabida al irrespeto de la propiedad privada, que es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico consagrado en la Constitución Nacional.

Es un asunto muy sensible que tiene que tratarse con pinzas, y que constituye la génesis del conflicto social en el país. Por eso es entendible que tanto los sectores de la izquierda como de la derecha vean el proyecto con sospecha, y manifiesten sus desacuerdos. Unos porque, supuestamente, propiciaría mayor concentración de la propiedad de la tierra y los otros porque, dicen, atacaría el derecho a la propiedad privada. El Gobierno Nacional debe aclarar los términos para que la iniciativa no vaya hacia ninguno de esos dos extremos.

El ministerio y la Agencia Nacional de Tierras deben hacer una muy completa explicación de los alcances de la ley y concentrarse en un gran proceso de formalización de la propiedad que beneficie a todos, no solo por los aspectos de seguridad jurídica, sino en lo que tiene que ver con la equidad en el acceso a la tierra y en la responsabilidad de todos los propietarios del campo de cumplir obligaciones con el Estado. Hoy existen miles de tenedores de buena fe de predios, pero que no tienen escrituras que los acreditan como propietarios, por lo que viven en un estado de informalidad que los mantiene en un limbo jurídico que debe resolverse, entre otras cosas para que al menos puedan tener acceso a créditos bancarios.

Desde los sectores que se oponen al proyecto tampoco puede caerse en calificativos que van mucho más allá de la realidad y fabrican mentiras para desprestigiar una iniciativa que tiene buenas intenciones. Eso de que se busca proteger a los terratenientes y acaparadores de tierras o, por el contrario, que ese es el paso para la “venezuelización” de Colombia, son afirmaciones que tergiversan lo planteado en el proyecto y que simplemente apuntan a que reine el statu quo en un sector que, ciertamente, requiere claridades si no quiere ser fuente de nuevos conflictos en el futuro.